Magdalena Álvarez, exconsejera andaluza de Economía y exministra de Fomento, ha declarado hoy como imputada en el caso de los ERE y ha dicho que no conoció los reparos de la Intervención de la Junta a cómo se estaban dando las ayudas y que el Gobierno andaluz "nunca" planteó dotar al sistema de más agilidad.
Álvarez ha declarado hoy durante tres horas ante la juez Mercedes Alaya, quien le ha imputado haber sido "en connivencia con otros, una de las promotoras del procedimiento ilegal de ayudas sociolaborales" que la Junta mantuvo entre 2000 y 2011.
Con el objetivo de dar mayor agilidad a las ayudas, la Junta instauró un sistema para eludir la fiscalización previa que llevó a un "uso ilegal de fondos públicos", que se otorgaban "con absoluta discrecionalidad, de forma opaca" e incumpliendo los principios de imparcialidad, transparencia y no discriminación, según Alaya.
A diferencia de la tensión que se ha producido en las comparecencias de otros ex altos cargos de la Junta, abogados personados en la causa han indicado que la de Álvarez ha sido muy correcta, la juez se ha dirigido a ella como "señora Magdalena Álvarez" y ella ha respondido a Alaya como "señoría".
Álvarez, que ha sido imputada de presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación como consejera de Economía (1994-2004), ha dicho que "nunca" conoció los reparos que la Intervención ponía a las ayudas "ni lo escuchó indirectamente".
Tampoco se trató en el Consejo de Gobierno, no se plantearon dotar de mayor agilidad a los procedimientos de subvenciones ni se sintieron "presionados" por los sindicatos ante la crisis de importantes empresas, ha afirmado la exconsejera.
El sistema utilizado, las llamadas transferencias de financiación a las agencias andaluzas IFA e IDEA, fue una trasposición de la legislación estatal que ya venía utilizándose bajo la denominación de subvenciones de explotación en los años 90, según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe.
Además, en contra de lo declarado por otros imputados como el exinterventor de la Junta Manuel Gómez Martínez y el exdirector de Presupuestos Buenaventura Lozano, Álvarez ha asegurado a la juez que las transferencias de financiación sí que podrían destinarse a "un fin concreto y específico como son las subvenciones".
Pese a estar aquejada por un dolor de muelas, Álvarez ha extendido en una mesa del juzgado gran cantidad de leyes y textos y ha entablado con la juez Alaya una discusión muy técnica de Derecho Administrativo, según los citados letrados.
La imputada "entiende que ha podido haber un uso inadecuado pero no una presupuestación inadecuada", ha afirmado.
Además, ha culpado de las posibles anomalías a la Consejería de Empleo, responsable de cumplir los requisitos de las subvenciones y de someterse a fiscalización, y ha afirmado que las modificaciones presupuestarias "cumplían todos los requisitos de acuerdo con la Intervención, la Cámara de Cuentas y la Cuenta General".
Alaya le ha imputado haber recurrido a la "complejidad del lenguaje presupuestario, solo accesible a expertos" para eludir el control parlamentario, a lo que Álvarez ha respondido que "todo lo contrario", pues hoy el día los diputados están "absolutamente especializados en materia presupuestaria" e incluso el Parlamento andaluz dispone de una oficina especializada.
Al término de su declaración, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta o el PP han pedido medidas cautelares contra ella y solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación, ha pedido una fianza civil de 125 millones de euros más el tercio legal, algo sobre lo que la juez se pronunciará en los próximos días.
