Mas y Puigdemont avisan a Rajoy de que está a tiempo de "rectificar"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado este viernes al Gobierno de sentarle en el banquillo al tomarse como un "desafío" el "éxito" del 9N, en su alegato final de un juicio que el fiscal ha concluido proclamando que nunca ha recibido instrucciones del Ejecutivo, "ni las habría consentido".

La sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado visto para sentencia el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, por prevaricación y desobediencia al mantener la consulta independentista del 9N tras su suspensión, cinco días antes, por el Tribunal Constitucional (TC).

El cruce de acusaciones entre la Fiscalía y Mas ha marcado la quinta y última jornada del juicio por el 9N, un proceso en el que el expresidente catalán se juega una condena por inhabilitación que podría impedirle su posible regreso como candidato a la Generalitat de un PDeCaT sin liderazgos claros.

Mas ha hecho uso de su derecho al último turno de palabra para denunciar que, contrariamente a lo que mantiene la Fiscalía, no se les ha juzgado por desobedecer al TC, sino por el "éxito" del 9N, que a su parecer el Gobierno vivió como un "desafío".

El expresident ha mostrado su "más profunda discrepancia" con la acusación que mantiene contra él la Fiscalía y ha sostenido que si hoy se sienta en el banquillo "no es por desobedecer" al TC, sino porque el "éxito" de la consulta de independencia "no gustó a determinadas instancias del Estado y del Gobierno español". "Y como no gustó se consideró un desafío y pretenden que ahora se pague", ha denunciado.

Las palabras de Mas daban respuesta a los argumentos que el fiscal Emilio Sánchez Ulled había expuesto horas antes ante el TSJC, en las que tras reivindicar su independencia ha insistido en que en el caso del 9N no se juzgaba "la voluntad popular", sino un "torpedo" a la línea de flotación de las reglas de juego democráticas.

Sánchez Ulled ha confesado el "dolor y tristeza" que le produce el caso del 9N porque, a su parecer, hubo "una ruptura de las reglas de juego democráticas" en el que la ejecución de la consulta por parte de los voluntarios "enmascaraba una actuación continuada de los poderes públicos" para desobedecer al Tribunal Constitucional.

Por su parte, en su último turno de palabra Joana Ortega ha alegado que dar la voz al pueblo "no es un delito, sino una obligación", mientras Rigau ha alertado de que el proceso del 9N puede ser el inicio de una "involución democrática" en España.

Tras quedar visto para sentencia, los tres acusados han abandonado la sede del TSJC para dirigirse al Palau de la Generalitat, donde el presidente catalán, Carles Puigdemont, les ha recibido para mostrarles su apoyo.

A las puertas del Palau de Justicia, han recibido con un abrazo a los encausados la consellera de Presidencia, Neus Munté, la de Gobernación, Meritxell Borràs, y la coordinadora general de PDeCAT, Marta Pascal.