Matas suma otra petición de condena de año y tres meses por contratar a dedo a Calatrava

La Fiscalía cree que le encargó el anteproyecto de un palacio de la ópera a sabiendas que no se podría realizar

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 1 año y 3 meses de prisión para el expresidente del Govern balear Jaume Matas por contratar de forma arbitraria, en abril de 2007, al arquitecto Santiago Calatrava un anteproyecto para construir un palacio de la ópera en la bahía de Palma, que no se llevó a cabo.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha presentado el escrito de acusación de la pieza número 3 del llamado caso Palma Arena sobre este caso en el que Matas es el único acusado de tráfico de influencias y prevaricación y, además de la pena de prisión, pide para él una multa de 120.000 euros por el primer delito y a 10 años de inhabilitación para cargo público por el segundo.

Horrach reclama además que el exministro de Medio Ambiente sea condenado a pagar 120.000 euros de responsabilidad civil, más los intereses legales, a la comunidad autónoma de Baleares.

Matas, según el fiscal, era consciente de "la imposibilidad material y económica del proyecto", del que no existe ningún estudio económico, de viabilidad ni de ubicación. El fiscal destaca que la comunidad autónoma ni siquiera es titular de la zona donde se preveía ubicar el proyecto, la bahía de Palma.

Para llevar a la práctica su intención, Matas contactó con Calatrava en febrero de 2007 y alcanzó con él "un acuerdo verbal" para que presentara un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a ópera y artes escénicas, por 1,2 millones de euros.

Aprovechando su ascendente sobre él, Matas pidió al entonces conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, que confeccionara una propuesta para encargar al organismo de infraestructuras de su departamento, Ibisec, la contratación de un anteproyecto de reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio singular dedicado a las artes escénicas, con la intención de que la aprobara el Consell de Govern.

El Consell del 30 de marzo de 2007 aprobó la propuesta que pretendía "aparentar la existencia de un interés público bajo la falsa pretensión de ordenación de la bahía de Palma y la urbanización del Moll Vell" aunque no son competencia autonómica, así como dotar de apariencia de legalidad la futura contratación de Calatrava y evitar informes técnicos sobre el precio de mercado.

El fiscal Anticorrupción destaca en su escrito de acusación que es materialmente imposible que Calatrava redactara el proyecto y construyera la maqueta en 4 días y que no hay "un solo documento, informe, estudio o análisis respecto a dicho proyecto que pruebe que se tuviera en cuenta mínimamente su viabilidad y su financiación".

El acto de presentación del proyecto fue suspendido por la Junta Electoral ante una denuncia del Partido Socialista.

Calatrava emitió tres facturas contra el Ibisec en mayo de 2007 que suman 1,2 millones de euros y el Govern tramitó y pagó varios contratos menores vinculados a la presentación del proyecto, aunque fue anulado por la Junta Electoral.

Entre los testigos que proponer de cara al juicio, el fiscal ha incluido al arquitecto valenciano.

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