El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, rechazó hoy la posibilidad de que se prohíba a los miembros de ETA excarcelados concurrir a procesos electorales como candidatos de partidos políticos porque supondría dar "pasos atrás".
En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz respondió a preguntas de los periodistas sobre esta posibilidad que analizan los servicios jurídicos del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Erkoreka recordó que en los momentos en los que "ETA desarrollaba plenamente su actividad política", un miembro de la organización terrorista, Juan Carlos Yoldi, fue candidato a lehendakari por HB en 1987.
"Si esto fue posible (entonces), no compartimos que cuándo ETA abandonó las armas de modo irreversible a situación tenga que ser más difícil y rigurosa para quien tuvieron una relación histórica con la organización", expuso.
A su juicio, esta iniciativa supone un "paso atrás" y un recorte de los derechos fundamentales, por lo que demandó que no se vuelva a una situación anterior porque no se corresponde con ninguna lógica".
Asimismo, ante la negativa de Rajoy a introducir cambios en la política penitenciaria, el portavoz confió en "que antes o después" su Ejecutivo "asuma plenamente el cambio a mejor en materia de paz y convivencia" que supuso el cese de actividad por parte de ETA y que, en consecuencia, "opte por adaptar sus políticas, como la penitenciaria" la esta nueva situación.
Además, insistió en que el Gobierno Vasco seguirá adelante con su Plan de Paz y Convivencia, a lo que va a acomodar" sus "pasos y estrategias".
En este plan enmarcó la propuesta que el Gobierno Vasco trasladó a la izquierda abertzale en octubre, de la que aseguró que no es una "hoja de ruta de colaboración con ETA", sino que está dirigida a hacer "efectivo el final ordenado de ETA".
Este documento expone a la izquierda abertzale, que aún no respondió, la asunción de cuatro principios como son el reconocimiento del "daño causado injustamente" por parte de ETA y que la organización terrorista ponga en marcha un procedimiento de desarme "ordenado".
También reclama que los presos de ETA acepten de manera individualizada los beneficios de la política penitenciaria común y que se avance en la normalización de la política en Euskadi contando con las "cuatro grandes tradiciones políticas vascas" (PNV, izquierda abertzale, PSE-EE y PP).
La propuesta, según Erkoreka, "no tuvo el resultado inicialmente deseado", lo que no implica que el Gobierno Vasco vaya renunciar a seguir "intentado" su objetivo de conseguir el fin de ETA, en cuyo logro seguirá implicado porque no tiene la intención de permanecer de brazos "cruzados".
En relación a un posible desarme de la organización terrorista, aseguró que se el Ejecutivo central no se presta a actuar de verificador del mismo, el gabinete de Iñigo Urkullu no descarta apoyar la otros "verificadores" de carácter internacional.
Erkoreka también se refirió a la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, de la que dijo que se erigió en una suerte de posible mediadora" entre los dos gobiernos en materia de normalización y pacificación, y lamentó que por el momento no abriga "grandes esperanzas en que su labor" tenga resultados.
