El paro de los letrados judiciales podría enfilar su recta final

Votarán el lunes en asambleas provinciales una propuesta de acuerdo del Gobierno tras dos meses de paro
Concentración de letrados de la Administración de Justicia en A Parda. GONZALO GARCÍA
photo_camera Concentración de letrados de la Administración de Justicia en A Parda en febrero. GONZALO GARCÍA

Los letrados de la administración de Justicia, en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, someterán a votación el próximo lunes en asambleas provinciales una propuesta de acuerdo que recibieron este viernes de los ministerios de Hacienda y Función Pública y de Justicia "tras un intenso debate". 

"Si los compañeros así lo quieren, la huelga se resolverá la semana que viene", confirmó Juan José Yáñez, portavoz del comité de huelga y miembro de la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), una de las tres asociaciones convocantes del paro en reivindicación de mejoras salariales que cumple ya dos meses y que ha provocado la suspensión de más de 360.000 juicios en toda España.

Tras varias negociaciones fallidas y acusaciones mutuas entre Justicia y los antiguos secretarios judiciales, esta semana se retomaron las negociaciones entre las partes, con la intervención también del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el diálogo. 

Desde el miércoles, los huelguistas se han reunido diariamente con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, y con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo. Finalmente, este viernes ambos departamentos "pusieron sobre la mesa una propuesta de acuerdo", de la que no han trascendido los detalles por respeto a la negociación. 

Aunque el paro sigue convocado, el comité de huelga se ha comprometido a someter la oferta a consulta de las asambleas provinciales de letrados para dar una respuesta al Gobierno en un nuevo encuentro el próximo martes a las once de la mañana. 

La principal reclamación de los huelguistas, de la que han hecho su bandera durante estos dos meses, es la llamada cláusula de enganche, una medida por la que su sueldo se referenciaría al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos. 

Sin embargo, la ministra Pilar Llop rechazó en varias ocasiones esta petición por no considerarla "viable" pues, según alega, supondría un aumento salarial mensual de "más de mil euros".

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