La ley de amnistía en España, registrada este lunes en solitario por el PSOE en el Congreso, anulará la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
La ley era una de las exigencias de los partidos independentistas catalanes para votar a favor en la investidura de Pedro Sánchez.
El perdón se aplicará no solo a los líderes de los partidos independentistas catalanes ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas, sino también a directores de colegios del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante esa consulta considerada ilegal por la justicia española. En total, son más de 300 independentistas y 73 policías.
La proposición de ley establece un máximo de dos meses a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al proceso soberanista para aplicar la amnistía y especifica que su aplicación será "preferente y urgente" en dicho plazo y que los posibles recursos contra las decisiones que se adopten "no tendrán efectos suspensivos".
La ley justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es "necesaria", pero "en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo", por lo que aboga porque el Derecho se adapte al contexto político.
Por tanto, añade, "esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben, ser inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario".
El perdón incluye una referencia directa al expresidente catalán Carles Puigdemont al señalar que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión" así como "las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", que afectan a otros tres dirigentes fugados.
Estos son los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig junto a la secretaria general de ERC Marta Rovira. Todos ellos contaban con una orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Asimismo, el texto no incluye ninguna alusión al lawfare o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales, un aspecto incluido en el acuerdo entre el PSOE y Junts que ha suscitado la crítica unánime de todo el ámbito judicial, aunque sí prevé la reforma del Código Penal para incluir la amnistía como causa expresa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto.
La ley excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en las directivas europea, que abarcan desde atentados mortales a la fabricación de explosivos, o torturas.
Esa exclusión deja ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y a Marta Rovira, así como la de los Comités de Defensa de la República encausados por planificar actos de sabotaje en respuesta a la sentencia del proceso secesionista.
Otro de los delitos que quedan fuera de la Ley de Amnistía son los de torturas o tratos inhumanos o degradantes previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, «siempre que superen un umbral mínimo de gravedad».
De esa forma, se abre la puerta para la amnistía de los policías nacionales y guardias civiles encausados por las cargas para impedir el referéndum del 2017, siempre que no hayan incurrido en conductas de extrema gravedad.
La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán beneficiaría, por tanto, a los dirigentes del procés, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista, a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el procés en el otoño de 2019, a los policías procesados por su actuación durante el referéndum ilegal de 2017 y a los investigados por el Tribunal de Cuentas, los que les libraría de pagar entre 3 y 5 millones de euros.
La norma también abarcaría a Josep Lluís Alay, el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, y al exconseller de Interior de la Generalitat catalana Miquel Buch o al expresidente Quim Torra por el reparto de lazos amarillos. Quedan fuera de la ley Jordi Pujol o Laura Borràs, condenados por corrupción, o el abogado Gonzalo Boye, amigo personal de Puigdemont.
La proposición de ley delimita los delitos que serán amnistiados, y que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.
Bolaños recalca que la amnistía es plenamente constitucional "sin ningún género de dudas"
El ministro de la Presidencia en funciones y miembro de la Ejecutiva del PSOE, Félix Bolaños, ha recalcado que la proposición de Ley de amnistía es "plenamente constitucional" tanto en el contenido como en su finalidad, "sin ningún género de dudas".
Minutos después de que el PSOE haya registrado esta tarde en solitario la proposición de ley de amnistía "para la normalización institucional, política y social en Cataluña", Bolaños ha asegurado que la norma es "absolutamente conforme con la Constitución" y nace de un acuerdo de partidos políticos diferentes que lograrán una mayoría en la próxima investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
En rueda de prensa en el Congreso, ha relatado que la amnistía es "un instrumento político reconocido en el derecho internacional" y ha revisado las últimas normas aprobadas en otros países europeos.
"Es una ley que ha registrado el grupo socialista y se ha elaborado de forma impecable desde el punto de vista constitucional" al tiempo que ha añadido que es "un paso de gigante para la convivencia y reencuentro en Cataluña".
Bolaños ha reiterado que la nueva ley "cerrará heridas" y su objetivo es superar el "conflicto de una vez por todas que existe desde hace más de una década". "Es imprescindible para que nuestro país sea un país mejor".
En solitario
El PSOE ha registrado en el Congreso la proposición de ley de amnistía en solitario, sin las firmas de sus socios parlamentarios de investidura: Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, han confirmado a EFE fuentes socialistas.
Fuentes del PNV también han señalado que no han firmado la iniciativa porque las partes negociadoras no lo han requerido, aunque "en líneas generales" están de acuerdo con el texto de la proposición de ley.
La proposición de ley ha sido trasladada esta mañana a los partidos interesados para que fuera analizada, después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fijara la fecha de la investidura de Pedro Sánchez para el miércoles y jueves de esta semana.
Sin embargo, ha sido esta tarde cuando finalmente se ha registrado después de que ERC haya asegurado que el texto estaba siendo revisado a falta de unos "flecos técnico jurídicos".
La proposición de ley orgánica de "amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" que borra los delitos relacionados con el procés cometidos durante una década y que exonera de forma expresa al expresident Carles Puigdemont y al resto de fugados, tendrá que pasar ahora a la Mesa del Congreso para ser admitida a trámite.
Sumar no entiende cómo el PSOE ha registrado la amnistía en solitario y sin comunicárselo
Sumar está sorprendido de que el PSOE haya registrado en solitario la proposición de ley de amnistía de manera telemática y sin comunicárselo previamente, han informado fuentes de la coalición de Yolanda Díaz.
Según han dicho, el PSOE no les ha dado ninguna explicación de por qué han tomado la decisión de presentar el texto sin la firma de ninguno de los socios de investidura independentistas y nacionalistas, y están esperando que lo hagan.
Puigdemont vuelve a pedir escolta a la consellería de Interior por "el aumento de riesgo"
El jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha vuelto a pedir por carta al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que ponga escoltas al expresident de la Generalitat ante el aumento de la "peligrosidad y el riesgo hacia su persona", detectado "desde hace algunas semanas".
En la carta, avanzada por El Nacional y posteriormente difundida por el entorno de Puigdemont, Alay solicita a Elena que asigne los escoltas "de manera inmediata y con carácter de urgencia (...) ante la grave situación de inseguridad que persiste en el caso de Carles Puigdemont cinco años después de la creación de su oficina".
Alay recuerda en la carta que ya solicitó al conseller que pusiera escoltas a Puigdemont hace 22 meses, que dicha petición ha quedado sin respuesta y que la consellería de Interior tiene establecida por ley la competencia de prestar medios "materiales y humanos" a las oficinas de los expresidentes.
"Desde la creación de la Oficina del President Carles Puigdemont en julio del año 2018 hemos estado reclamando el cumplimiento de esta responsabilidad sin ningún tipo de éxito, más bien con el silencio como respuesta", añade la carta.
La difusión de esta carta llega el mismo día en el que se ha registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de amnistía, que podría beneficiar al exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por fichar como asesor a un 'mosso d'esquadra' para que ejerciese de facto como escolta de Puigdemont.
Fuentes del Departamento de Interior de la Generalitat, consultadas por EFE, han recordado que los Mossos d'Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del territorio español y para poder prestar un servicio de escoltas en Bélgica requieren de la autorización del Ministerio de Interior que, hasta ahora, siempre la ha rechazado.
A partir de ahora será necesario ver si, fruto de la nueva situación política, esta situación puede experimentar alguna variación, han añadido estas fuentes.
El gurú de la prensa "ultra" de EEUU viaja a Madrid para seguir las protestas junto a Vox
El gurú de la prensa ultradrechista, Tucker Carlson, despedido de Fox News y que ahora tiene su propio programa de entrevistas en X (antes Twiter), se desplazó a la capital española para seguir junto al partido Vox las protestas contra la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas catalanes.
"En Madrid", ha escrito en su cuenta de X Carlson, y adjunta una fotografía en la que se le ve junto al presidente de Vox, Santiago Abascal, en una manifestación.
In Madrid pic.twitter.com/UclSJdFfm8
— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 13, 2023
En la imagen, Abascal sale con un micrófono de corbata en su camisa, lo que parece indicar que Carlson se ha desplazado a Madrid para hacer un programa sobre las manifestaciones del movimiento derechista.
En la instantánea también aparecen junto a ellos otros políticos de Vox, como Pepa Millán, portavoz de VOX en el Congreso, y Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Desde la semana pasada se han producido manifestaciones, algunas violentas, contra la amnistía en varias zonas de España. Durante la tarde de este lunes, unas 1.200 personas han participado en la concentración contra la amnistía convocada por undécimo día consecutivo en los alrededores de la sede central del PSOE en Ferraz.
Carlson tiene ahora un programa semanal en la red social de Elon Musk en el que ha entrevistado, entre otros, al expresidente Donald Trump (2017-2021) y al candidato libertario a la Presidencia de Argentina, Javier Milei.
Cuando Carlson viajó a Buenos Aires para hablar con Milei, el político acusó al papa Francisco de tener afinidad por los "comunistas asesinos" y de estar del lado de las "dictaduras sangrientas".
La ley de amnistía borra los delitos de una década e incluye a los policías del 1-O
La ley de la amnistía implica anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
La amnistía se aplica no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas (consellers y diputados), sino también a directores de colegios del 1-0, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Un plazo máximo de dos meses a los tribunales para aplicar la amnistía
La proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña da un plazo máximo de dos meses a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al procés para aplicar la amnistía.
En el título III, establece que su aplicación será "preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses y que los posibles recursos contra las decisiones que se adopten "no tendrán efectos suspensivos".
Excluye los delitos de terrorismo cuando exista condena firme
La ley de amnistía excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en la directiva europea de 15 de marzo de 2017, que abarca desde atentados mortales a tenencia y fabricación de explosivos, así como los de torturas.
Esa exclusión deja ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira, así como la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.
Ninguna alusión al 'lawfare'
La proposición de ley de amnistía no incluye ninguna alusión al lawfare o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales.
El texto ignora esos dos aspectos incluidos en el acuerdo entre el PSOE y Junts que ha suscitado la crítica unánime de todo el ámbito judicial, pero sí prevé la reforma del Código Penal para incluir en su artículo 130 la amnistía como causa expresa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto.
Precisamente, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha exigido respeto a la independencia judicial y a la división de poderes en un comunicado con relación a las referencias al "lawfare" -persecución judicial- en el pacto entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo.
Este órgano del alto tribunal ha aprobado este lunes por unanimidad un comunicado en el que enfatiza "la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones" y ve "incompatible con ella la fiscalización o suspensión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".
Sánchez pide "serenidad"
El presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, ha pedido "serenidad" a sus compañeros en la Ejecutiva Federal del PSOE celebrada este lunes, tras las manifestaciones contra la ley de amnistía, y ha expresado su "alegría" porque el proceso de investidura "ha salido bien".
Fuentes socialistas presentes en la reunión han comentado a Efe que estos han sido algunos de los mensajes que ha transmitido Sánchez en la Ejecutiva Federal del PSOE, celebrada después de más de una semana de protestas contra la ley de amnistía en varios puntos de España, algunas de ellas sin comunicar y con incidentes violentos, y con decenas de casos de sedes socialistas atacadas.
