El pleno del Senado ha aprobado la reforma del Reglamento que pretende dilatar la aprobación de la ley de amnistía con los votos de la mayoría absoluta del PP, el apoyo de los senadores de Vox y UPN y entre quejas de la izquierda, que considera el cambio reglamentario inconstitucional.
Tras la reforma del artículo 133 del Reglamento, el Senado podrá decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia -un plazo de 20 días- o de forma ordinaria, en un plazo máximo de dos meses, aunque puede ser más tiempo si por medio hay "vacaciones parlamentarias" como ocurre en enero.
El PSOE recurrirá este cambio del Reglamento ante el Tribunal Constitucional (TC) y otros grupos de izquierda también han denunciado que el PP, que se declara constitucionalista, se está saltando la carta magna para dilatar la aprobación de la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán.
Sostienen que la reforma del Reglamento contraviene el artículo 90 de la Constitución, que fija en 20 días el plazo del Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso, y la interpretación del TC sobre que esta regla se aplica también a las proposiciones de ley.
El PP rechaza estas acusaciones. Su senador Eloy Suárez ha argumentado que la reforma tiene el visto bueno de los servicios jurídicos de la Cámara Alta, al contrario de lo que ocurrió con la ley de amnistía que redactaron los independentistas catalanes hace dos años y que fue considerada inconstitucional por los letrados del Congreso.
El PP defiende una tramitación ordinaria y no urgente de la ley de amnistía y acusa a la izquierda de pretender evitar que acudan al Senado los jueces y expertos para que "no se conforme una opinión jurídica" que "les diga que es una aberración".
La amnistía es, para el PP, un "atropello" y un "engaño" para estar cuatro años más en la Moncloa y se opondrá a ella con todos sus recursos. También han expresado su rechazo a un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña.
El PSOE, en boca de su senador Manuel Fajardo, ha dicho que espera que el Tribunal Constitucional dé al PP el "repaso" que se "merece" por la reforma del Reglamento, que recurrirán, al tiempo que ha defendido la legitimidad de Pedro Sánchez para pactar su investidura.
Los grupos de la izquierda y los socios de Sánchez, en minoría en el Senado y con mayoría en el Congreso, han acusado al PP de ejercer "autoritarismo" y "filibusterismo" en la Cámara Alta y de practicar la devolución del "golpe por golpe" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió contra la ley de amnistía.
El PP se opondrá en la Mesa a tramitar la ley de "autoamnistía" y avanza un recurso al TC
Los miembros del PP en la Mesa del Congreso se opondrán a la admisión a trámite de la proposición de ley de amnistía, según ha avanzado la portavoz del grupo, Cuca Gamarra, quien la denomina "de autoamnistía" porque la redactaron quienes serían beneficiados y ha adelantado también un futuro recurso de inconstitucionalidad.
En una rueda de prensa en el Congreso este martes, Gamarra ha recordado que en 2021 una proposición de ley de amnistía, que ha considerado que era similar a la presentada ahora por el PSOE, no fue admitida a trámite por la Mesa, en la que los socialistas se opusieron a su calificación por considerarla inconstitucional.
Ese mismo argumento empleará ahora el PP en la Mesa, ha explicado Gamarra, al subrayar que "si era inconstitucional en 2021 lo es en 2023" y que tanto los diputados socialistas como los letrados deberían verlo "con los mismo ojos" que entonces.
La portavoz del PP ha indicado que la calificación en la Mesa es el primer momento en el que su partido podrá pronunciarse institucionalmente sobre la proposición de ley orgánica, que, no obstante, previsiblemente tendrá tramitación parlamentaria, gracias a la mayoría del PSOE y Sumar en ese órgano.
Por eso, Gamarra ha avanzado que el PP continuará oponiéndose a la amnistía y, en ese sentido, ha augurado que "habrá recursos de inconstitucionalidad", que pueden presentar, ha indicado, los grupos que tienen al menos 50 diputados, "algo que -ha añadido- tiene el PP".
Ha apuntado asimismo que "si es inconstitucional en el Congreso lo es también en el Senado", para avanzar también acciones, sin concretarlas.
"La Constitución no plantea ni recoge la posibilidad de la amnistía", ha subrayado Gamarra, sin referirse a la inconstitucionalidad de ningún artículo concreto de la proposición de ley, porque, a su juicio, lo es su entero propósito.
Gamarra: "La Constitución no plantea ni recoge la posibilidad de la amnistía"
De hecho, Gamarra la ve como "una ley dictada por delincuentes", en referencia a que dirigentes de Junts y de ERC han negociado el texto con el PSOE, y por eso también la ha llamado "ley de autoamnistía" y ha dicho que tiene "nombres y apellidos".
"¡Que nadie nos diga que esto es por la convivencia, es por la conveniencia!", ha dicho Gamarra al acusar al líder socialista, Pedro Sánchez, de apoyar una amnistía a cambio de su investidura.
Gamarra ha concluido que "lo único moral" que podría hacer Sánchez sería "convocar elecciones" y ha indicado que el PP seguirá al frente de la protesta social contra la amnistía.
Por ello, ha anunciado que el PP se sumará a la concentración convocada en Madrid para el próximo sábado 18 por varias asociaciones.
En otra rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha vuelto a avisar de que si finalmente se admite a trámite esta "barbaridad jurídica y política", en referencia a la proposición de ley orgánica de amnistía, interpondrán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Además, Vox presentará una querella por prevaricación contra el letrado mayor, el secretario general y los diputados de la Mesa que hayan aceptado la tramitación "a sabiendas de su manifiesta inconstitucionalidad".
Millán se ha dirigido especialmente al letrado mayor, a quien le ha advertido de que "inventar" con su "carné socialista" un informe favorable a la calificación "no le exime de la responsabilidad" sobre la "ilegalidad" de la proposición de ley orgánica.
Vox se querella contra Sánchez, Puigdemont, PSOE y Junts y pide suspender la investidura
Vox ha presentado este martes ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en el marco de las negociaciones para la investidura del candidato socialista. Como medida cautelar, solicita la suspensión del debate de investidura, previsto para este miércoles y jueves.
En declaraciones a los medios de comunicación ante el Alto Tribunal, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado que el propio tribunal y asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su oposición a la ley de amnistía a los implicados en el procés, negociada para amarrar los votos de Junts en la investidura de Sánchez, que ven una "abolición del Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia y un ataque a la división de poderes".
Abascal, acompañado de dirigentes de Vox, ha hecho hincapié en que su formación "confía" en el Alto Tribunal y el Poder Judicial y en que "utilicen todas las herramientas legales" a su disposición para "detener este golpe".
En cualquier caso, e independientemente del resultado de la querella, Abascal cree que "el golpe" también puede detenerse en el Senado, y ha recordado que su partido ha exigido al PP que utilice su mayoría en la Cámara Alta para paralizar la tramitación de la ley de amnistía. "La responsabilidad es del PP", ha recalcado, admitiendo que "sin ninguna duda" esto desencadenaría un "conflicto institucional".
Vox ha asegurado en repetidas ocasiones que se querellarán contra los miembros de la mesas del Congreso y Senado si admiten a trámite la ley que regulará la medida de gracia, que beneficiará a los implicados en el procés desde 2012.
Por último, ha insistido en la importancia de las movilizaciones que desde hace días se producen ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. "Son absolutamente necesarias", ha dicho, subrayando que, si Sánchez es investido el jueves, "no tienen que ser 12 días, sino 1.400". "No sólo vamos a negar la legitimidad del gobierno, sino su legalidad", ha advertido.
"Se inicia un período trágico en la historia de España, si no lo evitamos un presidente en funciones absolutamente ávido de poder y sin escrúpulos se dispone a pisotear el Estado de Derecho, acabar con la igualdad de los españoles ante la ley, pisotear la independencia judicial y a llevar a cabo un cambio de régimen por la puerta de atrás", ha zanjado.
El Gobierno envía la ley de amnistía a la Comisión Europea
El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, se ha dirigido a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, para enviarles la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE y solicitarles además una reunión para explicarles su contenido.
Se trata de dos misivas con las que, según ha dicho la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, se cumple con un "compromiso del Gobierno".
Y ello porque cuando la semana pasada el Ejecutivo contestó a un requerimiento del comisario Reynders, que había pedido a España información "detallada" sobre la ley, todavía no podía aportar datos concretos sobre el contenido del texto.
Una vez registrado ya, ha señalado Rodríguez, el Gobierno cumple con ese compromiso al remitir copia de la iniciativa "desde la tranquilidad de haber presentado un texto legal importante para nuestro país, impecable desde el punto de vista jurídico, anclado en el marco Constitucional".
Ha añadido desde el Gobierno están "encantados de poder conversar y transmitir el contenido con las instituciones europeas".
Félix Bolaños señala a la vicepresidenta Jourova que le escribe en su condición de responsable de Valores y Transparencia en la Comisión Europa, le informa de la presentación de la norma en el Congreso y añade que al entender que se trata "de un tema de su interés" le comunica que ahora debe seguir "la correspondiente tramitación parlamentaria" por lo que le propone explicárselo personalmente.
"Me gustaría tener la ocasión de mantener una reunión con usted a la mayor brevedad posible, para poder exponerle la posición del Gobierno de España sobre esta materia", concluye.
En su carta al comisario Reynders, a la que también ha tenido acceso EFE, le informa igualmente de la presentación de la proposición, le envía otra copia y le emplaza, del mismo modo que hace con la vicepresidenta, a celebrar cuanto antes una reunión, en los mismos términos, para explicar los argumentos del Ejecutivo.
Rueda: "Todo lo que han pedido los independentistas se les ha concedido"
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha señalado sobre el proyecto de ley de amnistía presentado esta semana a trámite que "todo lo que han pedido los independentistas se les ha concedido".
A preguntas de los medios este martes en A Coruña, Rueda ha asegurado que "ni en sus mejores sueños el señor -Carles- Puigdemont y compañía podían pensar en una situación tan favorable".
El presidente del Gobierno gallego ha acusado al Ejecutivo central de rendirse "a todo lo que él -Puidgemont- pide con tal de conseguir lo que se va a producir", refiriéndose al debate de investidura del socialista Pedro Sánchez previsto esta semana.
Para Rueda, esta situación "está troceando a España" porque si se da privilegios, ha indicado, es "a costa de los demás".
Desde el punto de vista económico, el presidente gallego ha indicado que "la única cifra que se ha concretado es la deuda que se va a perdonar a Cataluña" y que, ha insistido, hay que pagarla "entre todos".
En cuanto a los "privilegios jurídicos", Rueda ha indicado que el Gobierno autonómico en Galicia ha sido "objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional por querer gestionar el litoral" pero al País Vasco "se le va a conceder con tal de que voten en la investidura" de Sánchez.
Rueda espera que, una vez investido presidente del Gobierno, Sánchez convoque a los presidentes de las comunidades autónomas para explicar, "sin ocultar nada, todo lo que ha cedido y lo que nos va a suponer".
El presidente autonómico gallego ha prometido "reacciones" y ha señalado que defenderá "lo que le interesa a Galicia por encima de lo que pueda interesar a cualquier otra organización", incluido su partido, el PP, aunque ha apuntado que cree que "no va a haber divergencias".
El BNG confirma su apoyo a la amnistía porque la ve "absolutamente necesaria" para resolver el conflicto catalán
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha confirmado este martes que dará su apoyo a la ley de amnistía, la cual ve "absolutamente necesaria" para resolver el "conflicto de naturaleza política" en Cataluña, cuya judicialización, en su opinión, nunca debió haberse producido.
"Tenemos la voluntad de continuar apoyando una medida que es absolutamente necesaria", ha subrayado Rego en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha reiterado que defiende la "vía política" porque "utilizar la justicia para controlar conflictos de naturaleza política no es lo mejor en un sistema democrático".
Él estaba dispuesto a firmar el registro de la proposición de ley que les trasladó el PSOE, "como gesto de apoyo a esa medida", aunque no la hubieran negociado.
"Es evidente que lo que no tendría ningún sentido es que lo firmase el BNG si no lo firman las fuerzas políticas con las que fue negociada" esa proposición de ley, Junts y ERC, ha añadido Rego en su explicación sobre por qué finalmente fue registrada únicamente por el PSOE, cuando estaba previsto que también la firmaran Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG.
Rego también ha criticado la "absoluta irresponsabilidad del PP con su estrategia cada vez más seguidista de Vox" en las protestas contra la amnistía.
El PSOE defiende que su amnistía es constitucional y la propuesta independentista de junio, no
La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes la "plena constitucionalidad" de la proposición de ley de amnistía registrada por su partido, a diferencia de la propuesta presentada por los independentistas en junio pasado.
"Seguimos pensando que no era constitucional ese texto que ellos presentaron. Sin embargo, nos hemos afanado en las últimas semanas, en los últimos meses, por presentar un texto que tenga encaje en el ordenamiento jurídico", ha explicado en una entrevista en TVE.
Montero ha insistido en que, aunque solo la ha firmado el PSOE, es un texto consensuado que contará con el apoyo seguro del bloque progresista que respalda la investidura de Sánchez.
Ha descartado así problemas de última hora con los demás partidos del bloque y ha argumentado que la presenta el PSOE por ser el grupo mayoritario responsable de formar gobierno.
Montero: "Nos hemos afanado en las últimas semanas, en los últimos meses, por presentar un texto que tenga encaje en el ordenamiento jurídico"
También ha negado que se hayan "saltado" la separación de poderes impulsando esta ley, que es "muy clara" en el período que abarca y en los delitos amparados por esta "medida de gracia" que "el Gobierno de España y, en este caso, el PSOE, como principal partido, quiere registrar en las Cortes Generales para que tengamos un puente entre las dos trincheras que se cavaron en su día".
Preguntada por la ausencia en la proposición del término "lawfare" pactado con Junts, ha diferenciado entre el texto legal y el acuerdo político sobre la judicialización del conflicto catalán, que "no tiene nada que ver".
Este último, ha dicho, se centra en las comisiones parlamentarias de investigación sobre las escuchas ilegales a los independentistas y sobre el programa Pegasus, que fueron pactadas para la constitución de la mesa del Congreso.
Sobre si la quita de la deuda del 20 % para Cataluña y Galicia se ampliará al resto de comunidades, ha recalcado que el acuerdo con ERC ya establece que se aplicará el mismo criterio a todas, pero ha precisado que ese criterio "no es el porcentaje de la deuda que tiene cada una".
Lo que se establece, ha puntualizado, es una compensación por el endeudamiento que tuvieron que asumir los gobiernos autonómicos durante la crisis financiera.
Junts: el PSOE pidió firmar la proposición de ley en solitario
El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha explicado que no firmaron la proposición de ley de amnistía porque así se lo pidió el PSOE: "Nosotros ya la teníamos firmada, pero nos pidieron que, o (la firmamos) todos, o sólo ellos".
"Nosotros lo que queremos es una investidura con esto (la amnistía), que era una condición previa, y el tema no es quién la firme, sino que aparezca en el Boletín Oficial del Estado", ha afirmado en declaraciones a TV3.
El PSOE registró este lunes en solitario la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, sin las firmas de sus socios de investidura -Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG- ante las dudas "tecnicojurídicas" de Esquerra.
Este martes, Turull ha restado importancia a este hecho: "La firmamos, pero luego nos dijeron que había alguien que no la quería firmar, y nos pidieron que les dejásemos firmarla a ellos solos (con relación al PSOE). Ningún problema, una de las condiciones que pusimos era que, antes del debate de investidura, hubiese una ley de amnistía con la que estuviésemos de acuerdo".
Preguntado por la ausencia en el texto legal del concepto "lawfare", o persecución judicial, Turull ha dicho que no sale "como tal" porque en la ley sólo aparecen "conceptos jurídicos", y que el "lawfare" es un concepto "político".
No obstante, ha asegurado que en el apartado 1A de la ley están incluidos estos casos y "los de toda la gente perseguida por una cúpula judicial desbocada".
Sobre el eventual regreso a Cataluña del expresident Carles Puigdemont, Turull ha apuntado que "podrá volver cuando esté en vigor la ley" de amnistía.
Raquel Sánchez: "Los trabajadores de Renfe tienen sus derechos garantizados"
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este martes que están negociando con los sindicatos la suspensión de la huelga de cinco días que hay convocada en Renfe y Adif por el traspaso de los trenes de Cercanías de Cataluña y que, en cualquier caso, los derechos de sus trabajadores están garantizados.
Los trabajadores de Renfe y Adif convocaron la semana pasada cinco días de huelga en protesta por el traspaso de la gestión de Rodalies -los servicios de trenes de cercanías de Cataluña- a la Generalitat acordado entre PSOE y ERC.
Los paros están programados para los días 24 y 30 de noviembre, fecha esta última que coincide con la apertura comercial del Ave a Asturias, y el 1, 4 y 5 de diciembre, en vísperas del puente de la Constitución.
Los sindicatos han transmitido también al Ministerio de Transportes su preocupación por la transferencia de esas competencias de Rodalies y le han pedido que se garanticen los derechos de los trabajadores de Renfe, que gestiona actualmente el servicio.
"Estamos hablando con los sindicatos desde el primer día que se hizo el acuerdo con ERC y estamos trabajando; en cualquier caso, los derechos de los trabajadores, los derechos adquiridos y la movilidad laboral están garantizados" ha afirmado la ministra.
Sánchez, que participa este martes en Gijón en una cumbre informal de ministros de vivienda y urbanismo de la Unión Europea, ha asegurado que se mantienen las conversaciones para intentar desconvocar la huelga y que, en cualquier caso se asegurará a través de los servicios mínimos que la llegada del la alta velocidad a Asturias no se vea afectada.
