Silva debe declarar mañana bajo la amenaza de que será detenido si no lo hace

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha llamado mañana a declarar por tercera vez al juez Elpidio Silva por la filtración a la prensa de los correos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, bajo la advertencia de que podrá ser detenido si no comparece.

El pasado 23 de junio, el tribunal madrileño emplazó a la Policía Judicial para que citara nuevamente a Silva como imputado porque esa mañana no declaró ante la juez instructora de la causa, Susana Polo, al no haber podido ser localizado para entregarle en mano la citación, que sí fue notificada a su abogado y su procurador.

Según el tribunal, el imputado no ha asistido "pese a tener completo conocimiento de la cita a la que había sido llamado", por lo que volvió a citarle con el apercibimiento expreso de que, si no comparece mañana, podrá acordarse su detención.

Aquella fue la segunda vez que Polo convocaba al juez, imputado por un delito de revelación de secretos.

La primera fue el pasado 11 de junio, cuando Silva logró aplazar su comparecencia al recusar a la magistrada, que ese mismo día rechazó de plano apartarse de la misma, decisión que el imputado recurrió ante la Sala Civil y Penal del TSJM, que aún debe resolver sobre este asunto.

Hasta el momento, Polo ha interrogado a ocho testigos que podrían haber sabido que el juez -actualmente apartado de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, "tenía acceso al contenido de los correos, que estudiaron con él su posible utilidad o que le ayudaron a publicarlos".

Polo acordó todas estas comparecencias a instancias del Ministerio Público en un auto en el que explicaba que un informe policial apuntaba a que Silva cometió un delito de revelación de secretos por la difusión de los documentos en varios medios de comunicación a finales del año pasado.

El próximo lunes Silva deberá asistir nuevamente al TSJM, que comenzará a juzgarle por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso de Administración presuntamente cometidos durante su investigación a Miguel Blesa el pasado año.

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