Sumar se querella contra los vocales conservadores del CGPJ por la declaración contra la amnistía

Les atribuye un presunto delito de prevaricación
El diputado de Sumar Enrique Santiago, este viernes con la querella. EFE
photo_camera El diputado de Sumar Enrique Santiago, este viernes con la querella. EFE

Sumar interpondrá este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la ley de amnistía.

Concretamente, la denuncia del grupo parlamentario, a la que ha tenido acceso Europa Press, acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ. 

Se dirige contra sus ocho promotores, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. También contra Wenceslao Olea —que votó a favor— y apunta a Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía. Es decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ. 

De hecho, Sumar atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado. Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que solo puede contribuir a una mayor crispación social", máxime cuando se le dotó de carácter institucional.

Concretamente, la querella alude a la aprobación el 6 de noviembre en sesión plenaria de la declaración institucional del CGPJ contra la amnistía que negociaban entonces PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, alertando de que su aplicación supondría la "abolición" del estado de derecho

Sumar pone de relieve que esa resolución "descalifica e imputa conductas gravísimas" al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como "desconsideración entre instituciones", contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial. "Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", ahonda el grupo parlamentario que, también, cuestiona la base legal que se siguió para convocar ese pleno del organismo judicial.

En esa línea, el portavoz de IU en el Congreso y diputado por Sumar, Enrique Santiago, ha justificado la querella por "incendiar" la sociedad con una "grave injerencia" que excedía sus competencias.

El PSOE respeta la querella pero prefiere el diálogo

El ministro Félix Bolaños ha indicado este viernes, tras conocerse la querella, que sus socios de gobierno tienen autonomía para elegir esa vía, pero que los socialistas prefieren la del diálogo.

En declaraciones a la prensa al acudir a un acto del Consejo General de la Abogacía, Bolaños se ha distanciado de la querella de Sumar, al recalcar que con su recién estrenada cartera de Justicia pretende "intentar resolver las cuestiones con diálogo". "Voy a dedicar todo mi esfuerzo a, con diálogo, tender puentes de entendimiento con el Consejo General del Poder Judicial", con cuyo presidente en funciones, Vicente Guilarte, ha añadido el también titular de Presidencia, se reúne este viernes "con el objetivo de que la Justicia recupere lo que nunca debió perder, que es la normalidad institucional", en referencia al mandato caducado.