La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido un recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que constataba que en Cataluña "no se había garantizado al menos el 25% de horas lectivas en castellano". De esta manera, el TS rechaza admitir el recurso de la Generalitat y se reafirma en que debe haber un mínimo del 25% de enseñanza de castellano dentro del sistema educativo catalán.
La sentencia del TSJC recurrida, estimaba parcialmente el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra varias resoluciones de la Conselleria de Educación en materia de uso de las lenguas vehiculares. De acuerdo con la información requerida y aportada por la conselleria, se indicaba que la media de horas de uso del castellano en los centros de enseñanza es del 18% en el caso de la primaria, del 19% en la Eso y del 26% en Bachillerato.
El TSJC señaló que 5 de los 184 centros incluidos en la muestra imparten íntegramente en castellano un 25% de las áreas o materias, de las que al menos una es troncal, además del castellano, en todos los cursos o grupos: cumplen el estándar un 2% de los centros de Primaria y un 12% de los centros de Bachillerato. Aseguraba además que "en conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza en Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente".
El TSJC determinaba así que esta situación resulta contraria a la Constitución.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, consideró esto una "injerencia y una falta de respeto a los docentes". "El catalán en la escuela no se toca. El modelo de inmersión lingüística que tenemos es una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades", declaró Aragonès, quien se reunió con entidades de defensa del catalán tras conocer la decisión.
En esa línea, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, lamentó que "es un grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal desconocedor de la realidad de los centros catalanes".
Desde el Ministerio de Educación indicaron que no valorarán la decisión hasta que no reciban la providencia y sea analizada por los servicios jurídicos del Estado. Por su parte, Pablo Casado sí fue crítico y lanzó un aviso a Sánchez: "Debe exigir a la Generalitat que cumpla la sentencia". Y advirtió de que "incumplir esta resolución para contentar a sus socios sería prevaricar".
