Teresa Ribera plantea una empresa pública con concesiones hidroeléctricas vencidas

Facua pide una eléctrica pública y una bajada permanente del IVA para rebajar el precio de la luz
Teresa Ribera. EUROPA PRESS
photo_camera Teresa Ribera. EUROPA PRESS

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado este jueves la creación de una empresa pública que aglutine las concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión, tal y como ha propuesto Unidas Podemos, socio de Gobierno.

Para ayudar a rebajar el recibo eléctrico, Unidas Podemos ha pedido en varias ocasiones la creación de una empresa pública energética, que, según han explicado fuentes de la formación, podría surgir a través de la recuperación de los saltos hidroeléctricos cuya concesión está ya terminando.

"Es público que no está siendo sencillo convencer al socio de Gobierno de la iniciativa, puesto que no se encuentra dentro del acuerdo de Gobierno. Por eso, desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos se está trabajando ya en una ley que impulse esa empresa pública de energía", aseguraron las mismas fuentes.

En respuesta a un tuit en el que el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, aseguraba que su formación dará la batalla por la subida de la luz en el Gobierno, el Parlamento y la calle para acabar con el expolio llevado a cabo por el oligopolio eléctrico, Ribera ha dicho que el problema eléctrico no se resuelve con movilizaciones.

"Movilizarse contra la subida de la luz es como movilizarse contra el incremento del precio del petróleo. Es una señal de protesta, pero el problema no es movilizarse contra las cosas, contra las energías renovables, contra las nucleares, contra el gas, contra el carbón, contra el sistema eléctrico o contra la intervención. El desafío es encontrar soluciones", ha dicho Ribera en declaraciones a la SER.

La ministra ha subrayado que el Gobierno de coalición ha hecho una apuesta muy importante para dar cobertura a los consumidores vulnerables al máximo y para facilitar la cobertura de los consumidores medios.

"Yo creo que esto es muy relevante, incluido la modificación de las reglas de mercado de generación, en su caso el poder disponer de toda la hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía", ha subrayado.

El problema eléctrico "no tiene una solución única ni se resuelve con una movilización en la calle porque el precio de la electricidad depende de muchas cosas diferentes y hay que tocarlas prácticamente todas", ha insistido la ministra.

Facua pide una eléctrica pública y la reforma del sistema de fijación de precios 

Facua-Consumidores en Acción ha elaborado un decálogo de medidas que el Gobierno debería de tomar para luchar contra los "abusos" de las eléctricas y con el fin de abaratar el precio de la factura de la luz, entre las que destaca la creación de una empresa eléctrica pública, que se nutriría de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que caduquen. 

Otra de las medidas que también forman parte de este decálogo es la reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, de manera que determinadas tecnologías de generación eléctrica salgan de la subasta diaria y se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno. 

"Hacer frente a la pobreza energética de una manera eficaz y garantizar el acceso al suministro eléctrico a unos precios razonables debe ser prioritario para este Gobierno y una obligación de servicio público para las empresas eléctricas. La luz es esencial para el desarrollo de una vida digna y no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos especulativos de los mercados", han señalado desde Facua.

Bajada del IVA permanente y auditoría en el sector eléctrico

Desde Facua, también reclaman la puesta en marcha de un nuevo bono social, que represente un descuento de al menos el 50% de la factura y al que puedan acogerse las familias cuyos ingresos no superen 2 salarios mínimos, que se elevarían hasta 3 en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años. 

También apuesta por que la bajada del IVA sea permanente y compensar la disminución de ingresos para las arcas del Estado con una reforma de los impuestos sobre la renta, patrimonio y sociedades para que paguen más quienes tienen mayores recursos. 

Otra de las propuestas es la articulación de un procedimiento coordinado mediante el cual a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y beneficiarios de ayudas y prestaciones sociales del ámbito local se les incorpore, en el procedimiento y resolución de concesión, la garantía de acceso a suministros básicos como la luz. 

En la misma línea también se enmarca la prohibición de cortes de suministro por razones económicas a los consumidores vulnerables y una reestructuración de los tramos horarios, de manera que el horario menos caro, el valle, adelante su inicio de lunes a viernes no festivos a las 22:00 horas, algo que haría que un mayor porcentaje de consumidores puedan aprovecharlo para desarrollar tareas domésticas a precios más bajos. 

Asimismo, también piden una bajada sustancial del término de potencia. "Tras la subida del 103% en el precio del kilovatio de potencia contratada que aprobaron los últimos gobiernos del PP, el actual Ejecutivo de coalición ha aplicado una bajada poco significativa, que no llega al 16%, pese a su compromiso de disminuir el porcentaje que representa el término fijo en el total de la factura", han lamentado desde Facua. 

Además, ha reclamado la puesta en marcha de mecanismos de control coordinados entre el Gobierno y las comunidades autónomas para detectar, multar y alertar públicamente de las ofertas engañosas lanzadas por las eléctricas en el mercado libre, y han incidido en la necesidad de un análisis del sector desde su liberalización para determinar si las eléctricas inflaron los precios y, con ellos, el déficit de tarifa que los consumidores llevan años devolviéndoles. 

Por último, han demandado al Gobierno que urja a las eléctricas a que abonen los 3.500 millones de euros que cobraron "indebidamente" en conceptos de costes de transición a la competencia

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