Tres ex altos cargos del Govern balear han admitido este miércoles ante el tribunal haber ejecutado la orden de contratar a Nóos porque tenía detrás a Iñaki Urdangarin, una decisión que han atribuido al expresidente Jaume Matas, como ya hizo el martes el ex director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester.
Matas, para quien la Fiscalía pide una condena de 11 años de prisión, será también el protagonista de la sesión del jueves el juicio del caso Nóos, donde se sienta en el banquillo la infanta Cristina como cooperadora de dos delitos fiscales de su marido.
Ninguno de los tres ex altos cargos que han declarado este miércoles –el exdirector de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal; el exgerente de Ibatur, Juan Carlos Alía y el ex asesor jurídico de dicha empresa pública, Miguel Ángel Bonet– recibió una orden directamente de Matas, pero los tres conocían que las instrucciones que les daban procedían de él y no cabía discutirlas.
Bernal ha asegurado que en el proceso para que el Govern contratara a Nóos "las instrucciones siempre venían del presidente", tanto para que llevara la oficina de seguimiento del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto, como para organizar dos foros de turismo y deporte en 2005 y 2006 que supusieron 2,5 millones de euros para Nóos.
Ha precisado que era consciente de que tanto las órdenes que recibía de Ballester como de la entonces jefa de gabinete de presidencia, Dulce Linares, solo podían proceder del jefe del ejecutivo porque excedían la capacidad de gasto del director general y la jefa de gabinete actuaba directamente a instancias de Matas.
En el mismo sentido se ha pronunciado el ex asesor jurídico de Ibatur, Miguel Ángel Bonet: "La idea que yo recibí es que ese contrato se hacía porque estaba el señor Urdangarin detrás y por ser el señor Urdangarin quien era", ha dicho sobre los 150.000 euros que el instituto pagó a Nóos por material publicitario para el equipo ciclista.
Bonet, que ya está preso por dos condenas por malversación y se enfrenta en el caso Nóos a peticiones de pena de entre 5,5 y 13 años de cárcel, ha abundado además en que fue Matas quien dio la orden.
"A mí me la trasmitió el director gerente (el también acusado Juan Carlos Alía, que ha declarado previamente) y me hizo el comentario de que venía de presidencia. En Ibatur estaba la consigna muy férrea de que todo lo que venía de Presidencia no se discutía", ha manifestado Bonet.
El propio Alía ha dicho también que a finales de 2003 recibió de Ballester la indicación de contratar y pagar a Nóos una parte del convenio de patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto, la correspondiente al material promocional y que entendió que la orden procedía de Matas.
"Me dijo Pepote: 'Ya sabes que ha dicho el 'presi' que vosotros en Ibatur también tenéis que pagar algo del equipo ciclista, el merchandising, que es lógico, y tienes que hacer el convenio o el contrato con ellos', y eso fue", ha explicado.
"Me dijo Pepote: 'Ya sabes que ha dicho el presi', que vosotros en Ibatur también tenéis que pagar algo del equipo ciclista, el merchandising", declaró el exgerente de Ibatur.
Tras la reunión donde conoció a Urdangarin y su socio Diego Torres, Alía pidió a Bonet que diera forma a esa decisión: "Venía como orden dada que teníamos que hacer este convenio con estos señores y así lo hice".
Ante una pregunta de la fiscal Anticorrupción Ana Lamas de por qué conformó el pago de varias facturas a Nóos Consultoría once días antes de firmar ese acuerdo con la empresa, Alía ha dicho que no se fijó en las fechas y que firmaba las facturas que le presentaba la asesoría jurídica porque entendía que eran correctas.
MATAS, ESTE JUEVES. Matas, cuyo abogado, José Zaforteza, se reunió el pasado viernes con los fiscales Anticorrupción posiblemente en busca de un pacto, tendrá oportunidad de explicarse este jueves ante el tribunal sobre lo que han declarado sus cuatro exsubordinados.
Ballester colabora con la Fiscalía desde el principio de la instrucción del caso, por lo que el ministerio público ya le aplica esa atenuante y pide para él una condena de 2 años de prisión.
Los letrados de Bernal, Alía y Bonet también se reunieron la semana pasada con el fiscal Pedro Horrach para tratar de que sus clientes tuvieran igualmente reducciones en sus penas a cambio de la confesión que han materializado este miércoles.
