El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado investigar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a raíz de la querella de la Fiscalía que le acusa de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios públicos.
En un auto, que puede ser recurrido, la sala civil y penal del TSJC ha resuelto admitir a trámite la querella de la Fiscalía y ha designado como instructor de la causa a Carlos Ramos, el único magistrado de la sala nombrado a propuesta del Parlament y que formó parte del tribunal que juzgó al expresident Artur Mas por el 9N.
Torra ha reaccionado desde Twitter al anuncio del TSJC, colgando una fotografía en la que aparece firmando la notificación de la querella por desobediencia, junto al mensaje: "Ante un Estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias".
En su querella, presentada el pasado miércoles, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusa a Torra de desatender "reiteradamente" las órdenes de la JEC cuando mantuvo simbología "partidista" en edificios públicos, lo que en su opinión reviste "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía".
La Fiscalía añade en su querella que el presidente catalán desoyó "consciente y deliberadamente" el requerimiento "claro y expreso" emitido por la Junta Electoral y mantuvo los elementos que la Junta le pedía retirar, "aunque fuera de manera encubierta y simbólica".
Tras recibir el ultimátum de la JEC, el 18 de marzo, Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre el asunto y, tres días después, sustituyó la pancarta a favor de los políticos presos del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja.
Ello motivó una nueva resolución de la Junta Electoral, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos de apoyo a los presos soberanistas y abrir un expediente sancionador al presidente catalán.
En su querella, la Fiscalía recuerda que fue una denuncia de Ciudadanos del 11 de marzo la que dio pie a que la Junta Electoral dictara un acuerdo que daba a Torra un plazo de 48 horas para retirar las esteladas o los lazos amarillos.
Desde el Parlament, tras conocerse la noticia, el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha afirmado que la investigación abierta contra Torra por desobediencia evidencia una "regresión absoluta de derechos" en España.
"La amenaza de nuevas regresiones se hace efectiva día a día. Por lo tanto: firmes, tozudos y fuertes en la defensa de los derechos fundamentales", ha recalcado.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que los acuerdos del pleno y la Mesa del Parlament en 2017, que sirvieron para tramitar las leyes del referéndum del 1-O y de transitoriedad jurídica, vulneran el derecho de participación política de Ciudadanos.
Así lo establece el pleno del TC en sendas sentencias en las que por unanimidad estima los recursos de amparo presentados por varios diputados del grupo parlamentario de Ciudadanos y declara que su derecho de participación política ha sido vulnerado por los acuerdos de 6 y 8 de septiembre de 2017 que tramitaron las leyes referidas.
La diputada de Ciudadanos Lorena Roldán ha celebrado que el TC haya puesto en evidencia que los independentistas "retorcieron el reglamento" del Parlament.
