El PSOE e IU, socios del Gobierno andaluz de coalición, han alcanzado un acuerdo y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado el decreto por el que se devolverán a la Consejería de Fomento, dirigida por IU, las competencias relativas a las viviendas sociales de la Junta de Andalucía.
Según un comunicado enviado por la Oficina del portavoz del Gobierno andaluz, las ocho familias que ya estaban realojadas de forma transitoria en viviendas públicas de la Junta "pueden permanecer provisionalmente" en esos inmuebles hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social.
En el caso de las otras nueve familias que iban a ser realojadas en viviendas de alquiler privado "queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para su realojamiento".
Dicha decisión se ha adoptado una vez "revisadas pormenorizadamente" las circunstancias particulares de todas las familias, según explica la nota.
En el caso de los ya realojados provisionalmente, una vez que los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación, podrán continuar disponiendo de esos alojamientos hasta que la Consejería de Fomento y Vivienda pueda ofrecer otras soluciones de carácter estable a las unidades familiares.
En cuanto a las otras nueve familias, queda suspendido el realojamiento hasta que queden acreditadas las circunstancias necesarias para su realojo, y se les pedirá a los servicios sociales comunitarios, también de forma urgente, que actualicen los informes correspondientes relativos al riesgo de exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas.
La Oficina del Portavoz del Gobierno explica que la decisión de atribuir provisionalmente a la Consejería de Hacienda las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas, se adoptó ante las "discrepancias" surgidas en el proceso de realojamiento y la controversia acerca de la idoneidad del mismo.
Así, se ha efectuado un análisis "pormenorizado" de las circunstancias acaecidas y del conjunto de actuaciones llevadas a cabo desde febrero de 2014 hasta la fecha, con el objeto de garantizar "el pleno y estricto cumplimiento de la legalidad vigente, así como la igualdad de oportunidades de todos los demandantes de viviendas protegidas".
