El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado permiso a China para interrogar como imputados a ocho responsables políticos y militares del actual Ejecutivo chino -entre ellos tres ministros- por su actuación en los disturbios registrados en Tíbet en marzo de 2008.
El magistrado aprecia indicios de delito en la actuación de Lian Guanglie, ministro de Defensa, Geng Huichang, de Seguridad del Estado, y el de Seguridad Pública, Mel Jianzhu, por haber orquestado supuestamente ''un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana'' que causó 203 muertes, más de 1.000 heridos y 5.972 detenciones ilegales y desapariciones desde el 10 de marzo y en los meses previos a los Juegos Olímpicos de Pekín.
Tres días antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Pekín (el 5 de agosto de 2008), Pedraz admitió a trámite la querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa contra estos dirigentes chinos como presuntos autores de un delito de lesa humanidad.
Ocho interrogados
Además de a los ministros de Defensa, de Seguridad del Estado y de Seguridad Pública, Pedraz ha solicitado, a través de una comisión rogatoria, tomar declaración al secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, y el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan.
La investigación también afecta al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.
Colectivo perseguido
El juez sostiene que la Justicia española es competente para la investigación de estos hechos -que causaron 203 muertes, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos- porque podrían ser constitutivos de un crimen contra la humanidad y, en concreto, de lesa humanidad, ''dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención (...) con infracción de las normas internacionales (...) y las torturas''.
Además, Pedraz destaca que la población tibetana es un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional''.
La semana pasada el juez concluyó la última tanda de tomas de declaraciones a testigos que han comparecido ante él para relatar sus experiencias, entre los que han acudido el disidente político chino Wei Jingsheng, el periodista Jonathan Mirsky o el tibetano Takna Jigme Zangpo.
Investigación del genocidio
Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene abierta desde 2006 una causa en la que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los ochenta y de los noventa.
La Audiencia Nacional se declaró competente el 10 de enero de 2006 para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pudiera ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.
