Una juez ha decretado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, del alcalde de Polop de la Marina (Alicante), Juan Cano, del PP, en calidad de imputado por un supuesto delito de asesinato en relación con el crimen de su predecesor, el también popular Alejandro Ponsoda. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el alcalde de Polop ha comparecido ante la titular del juzgado número 2 de Villajoyosa a las 13:30 horas del jueves y se ha acogido a su derecho de no declarar.
La juez ha acordado su traslado a un centro penitenciario y mantiene el secreto de sumario de la causa abierta por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas por el crimen a tiros de Ponsoda, fallecido en octubre de 2007. Cano es el séptimo detenido en relación al crimen de Ponsoda que la juez de Villajoyosa envía a prisión sin fianza desde que, a principios de noviembre, se produjeron los primeros arrestos.
Previamente hizo lo propio con dos responsables de un club de alterne, un industrial de Polop, un hombre con antecedentes por drogas y tenencia de armas y dos ciudadanos checos, algunos de ellos como supuestos autores materiales del asesinato y otros como presuntos intermediarios.
Cano sigue siendo alcalde
Fuentes del Ayuntamiento de Polop han aclarado que Cano sigue siendo oficialmente alcalde del municipio, en tanto que no ha presentado su renuncia por escrito ni tampoco ha quedado inhabilitado por decisión judicial. El alcalde polopino fue detenido en la madrugada del pasado martes en su domicilio por agentes procedentes de Madrid de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes realizaron un registro de su domicilio y de dependencias en el ayuntamiento. Desde entonces, ha pasado cerca de 72 horas en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, en Alicante, en los que su partido, el PP, le ha suspendido cautelarmente de militancia.
Ponsoda murió el 27 de octubre de 2007 en el hospital General de Alicante, ocho días después de ser tiroteado por uno o varios desconocidos junto a su vehículo cuando se disponía a entrar en su casa, en la pedanía de Xirles, en el término de Polop. El crimen sacudió la tranquilidad de esta pequeña población del prelitoral alicantino, de unos 4.000 habitantes, y causó conmoción en la clase política de la Comunitat Valenciana.
Desde un primer momento no se descartó ninguna de las hipótesis, entre ellos el posible móvil urbanístico, aunque la investigación no se ha traducido en detenciones hasta dos años y un mes después.
