La Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo ha presentado hoy una reclamación contra Aena y el Ministerio de Fomento para que indemnicen con 50 millones de euros a cerca de 5.000 viajeros afectados por la anulación de los vuelos en el Puente de la Constitución de 2010.
El despacho Cremades & Calvo Sotelo, en representación de los perjudicados, ha presentado así la primera solicitud de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que exige una compensación de 10.000 euros por los daños morales y materiales sufridos por cada viajero. El socio de Cremades & Calvo Sotelo y portavoz de la plataforma, Luis Vericat, ha informado en rueda de prensa de que "después del verano se presentará otra reclamación en nombre de otros 5.000 afectados, por lo que la suma total de la reclamación alcanzará los 100 millones de euros".
Vericat explicó que la reclamación por vía administrativa contra Aena y el Ministerio de Fomento no anula sino establece alternativas en el caso de que no lleguen a buen puerto las compensaciones que se exigirán en el proceso penal abierto en varias ciudades españolas contra los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo el 3 y el 4 de diciembre de 2010. Vericat negó "rotundamente" que, con esta estrategia, los afectados centren exclusivamente la responsabilidad de los sucesos en la Administración, como han manifestado los representantes de los controladores.
Cremades & Calvo Sotelo informó de que se abre ahora un proceso de 6 meses en los que Aena y Fomento pueden estimar o desestimar la reclamación, aunque Vericat expresó que "lo más lógico es que la desestimen, y en cuanto lo hagan acudiremos al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo" de la Audiencia Nacional.
Según explicó, la reclamación se basa en que la actitud de los controladores, tal y como se reconoció en el Real Decreto que declaró el estado de alarma, "impidió un derecho fundamental como la libre circulación, constituyendo una calamidad pública de enorme magnitud". En palabras de Luis Vericat, el propio Real Decreto reconoce pues unas deficiencias en la actuación de la Administración que merecen una respuesta.
