Un total de dieciocho testigos han sido citados para prestar declaración en la cuarta y penúltima jornada del juicio por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, una vista que se reanudó esta mañana en la Audiencia Provincial.
Más de una veintena de testigos prestaron ayer declaración ante la Sala, entre ellos el alcalde de Pol, Lino Rodríguez Ónega; la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Lara Méndez; el que fuera responsable provincial de Deportes en la época del gobierno bipartito, Eduardo Fernández Abel, o los exalcaldes de Sarria y O Courel, Claudio Garrido y José López Fontal.
La abogada que se ocupa de la defensa del exjefe provincial de Tráfico Julio González, la letrada Esperanza Ferreiro, precisó que "casi todos ellos declararon como imputados, inicialmente, por constar su nombre en alguna de las multas retiradas", aunque "después no se logró demostrar" que intercediesen de algún modo "ni ante Jesús Otero ni ante Julio González", por lo que comparecieron como "testigos".
Todos ellos negaron ante la Sala que hubiesen intercedido ante el exsubdelegado del Gobierno Jesús Otero o ante cualquier otra persona para que les retirasen sanciones a alguno de los 23 imputados.
Antes de entrar esta mañana en la sala de vistas, Ferreiro afirmó que en la jornada de ayer "no hubo muchas sorpresas", porque "la gente se ratificó en sus declaraciones", aunque también precisó que en el caso de algunas personas que comparecieron como testigos no se aprecia demasiada diferencia con respecto a los imputados que tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados.
"En el auto de sobreseimiento, como fue genérico, tampoco sabemos exactamente por qué algunas sí" quedaron fuera de la lista de imputados "y otras no", dado que también como testigos "siguieron negando" ante la Sala "su relación" con las personas que supuestamente les pidieron que intercediesen para que les fuese retirada alguna sanción de tráfico.
Desde su punto de vista, "si realmente queda demostrado que no tuvieron relación alguna, ni directa ni indirecta, ni con el subdelegado ni con el jefe provincial de Tráfico las personas a las que, en principio se les atribuía esa relación, dado que funcionarios y políticos también la niegan, realmente no encontramos el delito".
De hecho, recordó que la defensa de Julio González ya defendió el primer día "la nulidad de las actuaciones", porque el ministerio público se basa únicamente "en la prueba documental", que es "una prueba preconstituida", porque "está pensada para otras diligencias penales". "No se puede unir a éstas, y menos sin un auto que lo justifique", concluyó.
El juicio terminará el jueves 29 de mayo con las conclusiones definitivas del ministerio público y de los abogados defensores de los 23 imputados.
En este proceso, el fiscal pide para el exsubdelegado del Gobierno en Lugo Jesús Otero, a quien también le imputa un delito de prevaricación, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias, además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.
Para Julio González, solicita cuatro años y nueve meses prisión por un delito continuado de falsedad documental cometida por funcionario público, mientras que María Consuelo Fernández Mouriño se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental.
Para ambos, el fiscal también solicita su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.
Por delitos de tráfico de influencias, el ministerio fiscal también solicita una pena de un año y tres meses de prisión para los alcaldes de Muras, Isaam Al Nagm (PP), y Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo; así como para el exalcalde de Meira y concejal socialista Antonio de Dios; el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Lugo José Rábade, y el exdelegado provincial de Cultura Juan José Molina.
También le imputa un delito de tráfico de influencias al diputado autonómico del PSdeG, José Ramón Val Alonso, para quien pide una pena de un año y tres meses de prisión, aunque su causa se dirimirá en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por tratarse de un aforado.
