El juzgado de instrucción número 2 de Cambados (Pontevedra) ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación, Rafael Louzán, su esposa, María Teresa Cores, y el exdiputado popular Severino Reguera por un delito de cohecho, por los supuestos sobrecostes cobrados en los alquileres de tres bajos comerciales en Vigo.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado de esta resolución y ha señalado como órgano competente para el enjuiciamiento al tribunal de jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
En relación con este caso, la Fiscalía solicita para Louzán un año de cárcel, la suspensión de empleo y cargo público durante dos años y tres meses y el decomiso de los tres locales, cuya propiedad comparte con su esposa, María Teresa Cores. Para ella, a la que el fiscal considera como "cooperadora necesaria" para que el expresidente de la Diputación cometiese presuntamente el delito de cohecho pasivo, pide nueve meses de prisión y catorce meses de suspensión de empleo y cargo público.
La Fiscalía solicita para Louzán un año de cárcel, la suspensión de empleo y cargo público durante dos años y tres meses y el decomiso de los tres locales
El exdiputado del PP Severino Reguera, por su parte, está imputado como presunto autor de un delito continuado de cohecho impropio, por el que el fiscal solicita que sea condenado a un año de cárcel.
El caso tiene su origen en el año 2008 cuando el expresidente de la Diputación y su esposa reservaron cinco bajos comerciales en la calle Teixugueiras de Vigo, comprando finalmente tres por 460.122,50 euros más IVA y cediendo los otros dos a Reguera y a su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera prestó a Louzán casi 104.000 euros.
Tras la compra, la esposa de Rafael Louzán firmó un contrato privado con la empresa Brunopán, de la que es administrador Severino Reguera, para alquilarle sus tres locales por diez años, a un coste de 3.584 euros anuales más IVA.
Tras alquilar los locales, Severino Reguera los unió con los dos suyos, pasando a ser un bajo único, un movimiento empresarial que según el fiscal acredita que "el propósito inicial de los compradores era formar un único local, creando una especie de sociedad encubierta entre ellos".
El hecho de que fuese una denuncia anónima ha provocado que Louzán sospeche de que haya detrás un "interés político"
Un informe de la Guardia Civil concluyó que en esa zona los precios medios del alquiler se sitúan entre 6 y 12 euros el metro cuadrado, pero los bajos que Louzán y su esposa alquilaron al diputado del PP llegaron a costar 16,4 euros el metro cuadrado. En base a esos precios, el fiscal calcula que entre los años 2008 y 2013 la sociedad Brunopán pagó al matrimonio 89.026,74 euros más del precio medio de los locales en esta zona, un "premio injustificado" para Louzán y su mujer.
El fiscal de delitos económicos concluye que Louzán y su esposa compraron los tres bajos de Navia "sabiendo desde el principio" que el precio de compra y la hipoteca iban a ser pagados por la empresa de Reguera, quien ejercía cargo político tanto en la Diputación como en el PP y cuya "proyección" dependía de Louzán.
Considera el fiscal que fue un "trato de favor" de Severino Reguera al entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP en la provincia tras una compra inmobiliaria que "se planeó entre los señores Reguera y Louzán y su esposa, sabiendo estos últimos desde el principio que el precio les sería abonado por algunas de las empresas de Reguera".
Tras su declaración ante el juez, el pasado mes de marzo, Rafael Louzán reiteró que "bajo ningún concepto" ninguno de los tres investigados en esta causa "nos hemos beneficiado de nada" e insistió en que no existen tales sobreprecios y que "nadie se llevó nada". El hecho de ser una denuncia anónima la que ha provocado esta investigación hace sospechar a Louzán que "seguramente" detrás de este procedimiento hay un "interés político" para intentar "dañar" su imagen.
