El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santiago, Adrián Varela, acusado de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, contó a la instructora de la Operación Pokemon que el alcalde, Ángel Currás (PP), también imputado, tuvo con la edil de Educación y con él un trato vejatorio.
El 17 de junio de 2013, ante la jueza Pilar de Lara, este joven dijo, en una declaración que superó las cuatro horas, que cuando le llegó la cédula de citación llamó al alcalde antes de avisar a sus propios padres para contárselo, y la contestación que recibió fue un "vale, vale".
"Es trato vejatorio", abunda, e indica que lo mismo le ocurrió a la encargada de la cartera educativa, Rebeca Domínguez, también implicada en esta investigación que busca desmontar una red de corrupción ideada para la obtención de contratos y concesiones públicas en administraciones gallegas.
"Con Rebeca ha hecho lo mismo", dice Varela a la magistrada, y "lo único que pido es un mínimo de humanidad" en un regidor "que pasa de nosotros" puesto que desde que tiene el bastón de mando, en abril de 2012 tras la dimisión de Gerardo Conde Roa, condenado por delito fiscal, "se nos ha hecho el vacío a varios concejales".
Elimina del listado a la responsable de Empleo, Comercio, Turismo y Mercados, Reyes Leis, y a la titular de Urbanismo, María Pardo, y argumenta que son mayoría -en total son 13- los que son tratados con total indiferencia y a los que "se nos ha acusado de cosas muy graves", por lo que "llega un punto en el que o sobrevives o entras en una espiral de suicidio" por lo "incomprensible de la situación".
Adrián Varela, que recibe el mote de Pijolandia o El chico, cuestiona al alcalde y a su jefe de gabinete, Francisco Castro, otro imputado, y del segundo apunta que "no sé cuáles son las funciones de este señor. Yo creo que realiza funciones de asesoría jurídica, nada más", es decir, "filtrar todo lo que llega a la Alcaldía" y "a veces, transformar cierta información y convertirla en mentira".
La propia jueza Pilar de Lara llega a decirle a este concejal, con ironía, que se ve que las relaciones son buenas, y más tarde el propio Varela lamenta que el tratamiento informativo de su caso en la prensa fuese provocado "por gente de su partido a nivel local".
La instructora le pregunta por una frase suya, perteneciente a una de las conversaciones grabadas, en la que expresa que espera que Rebeca Domínguez cuente toda la verdad y avanza que "la mierda le va a llegar al alcalde al cuello".
Adrián Varela afirma que fue "una reacción en caliente" por cómo estaban tratando a su compañera, a la que "se le presionó bastante" para la firma de un "reconocimiento extrajudicial" para unos abonos.
Se refiere a Sermasa, que atiende la guardería de Salgueiriños desde su apertura, pero una vez vence la adjudicación provisional, se le sigue pagando por unos servicios que se supone que continúa realizando.
Las relaciones entre Rebeca Domínguez y el jefe de sección del Departamento de Educación, Xosé Manuel Rodríguez Abella, son entonces complicadas. La primera acusa al segundo de falsificar informes porque ella jamás dio instrucciones para que Sermasa, filial de Vendex, siguiese con la limpieza de estas instalaciones.
Adrián Varela confiesa que él mismo llegó a advertir a Currás que tenía "de forma irregular" el contrato de mantenimiento de colegios y agrega que, aunque lo avisó, la reacción fue "caso omiso". Además, cuenta que Rodríguez Abella no le genera "ningún tipo de confianza".
El calentón de la "mierda" que le va a estallar el alcalde no es el único que sufre este concejal, puesto que en otra "reacción en caliente" pide justamente a esta empresa, a Sermasa, el despido de una trabajadora, Isabel, casada con Antonio López, un delegado sindical de la CIG que está tocando mucho "los huevos".
El edil revela que entonces tenía problemas con los conserjes en el pabellón de Fontiñas y que fue "un calentón", motivado por estar sometido a "mucha presión", a lo que añade que "llegué al Ayuntamiento -en julio de 2011- con 27 años" y "con el lastre del niñato que nos viene a vacilar aquí".
Varela niega que pidiese el despido de otras dos trabajadoras con la intención de reemplazarlas y sí admite que Vendex cobró y se saltó la prelación de pagos, después de que el gerente de Sermasa, Alberto Quintana, avisase de que "Madrid nos agobia. Adelantadnos algo" y ante una estrategia que es la de "presionar, presionar, presionar".
"Llegó un momento en que empezó a ser extremadamente cansino" y esta compañía reacciona dejando de pagar a los empleados para que se cree conflicto social, prosigue, y precisa que esto no entra en su competencia y que cuando le dijo a Alberto Quintana que el mes pasado cobraron por su intermediación fue "una forma de hablar".
Rechaza igualmente que demandase a Sermasa un trabajo para su padre, aunque su progenitor sí pudo pedirlo porque antes de estar en el paro él estaba empleado en una empresa situada a doscientos metros de la nave de Vendex en el compostelano Polígono del Tambre.
Adrián Varela descarta cualquier relación suya con facturas falsas y toda mediación para la ampliación del contrato con Aguagest, empresa en la que trabajó primero como monitor en Pobra do Caramiñal y después como gerente de la piscina de Arzúa.
Los padres de Adrián Varela son de este municipio y él rechaza cualquier participación suya en la gestión de la piscina climatizada municipal de Arzúa con Aquagest.
"Parece que soy un delincuente", espeta, y más tarde argumenta, "no me considero un delincuente eh".
En un momento hace una pregunta que no se le contesta, si Vigilancia Aduanera, que actúa como Policía Judicial en esta causa, le ha hecho un seguimiento, porque está "obsesionado desde hace muchos meses" con que lo siguen.
De Lara le pregunta si el abogado Luciano Prado, hermano de la portavoz del PPdeG Paula Prado, le previno de que no comiese con nadie de Sermasa porque estaban siendo investigados, y él asegura que no lo recuerda.
A una pregunta que se repite en cada interrogatorio, si Vendex le pagó dinero, responde: "No. Me molesta tener que contestar a esto".
