La abundante documentación que los agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han intervenido durante los registros realizados en el marco de la Operación Repesca, en la que se detuvieron a 14 personas relacionadas con el clan de los Charlines por blanqueo de capitales, ha retrasado las diligencias judiciales y como consecuencia los interrogatorios no empezarán hasta el miércoles.
Los detenidos volverán a pasar la noche en dependencias policiales, repartidos entre las comisarías de Pontevedra y Vilagarcía de Arousa, a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital arousana ordene su paso a disposición judicial, un trámite que se espera comience a primera hora del miércoles.
Según fuentes de la investigación, esta operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones y más registros. Sin embargo, no se producirán hasta que los detenidos sean interrogados en los juzgados de Vilagarcía de Arousa. El instructor del caso está convencido de que a raíz de estos interrogatorios podrían derivarse responsabilidades criminales en este entramado por parte de más personas.
Redadas simultáneas
En la redada policial, que comenzó el pasado lunes a las cinco de la madrugada de forma simultánea en varias localidades de la ría de Arousa, Madrid y Córdoba, fueron detenidos Manuel, Melchor, María Teresa y Óscar, cuatro de los hijos del patriarca del clan Manuel Charlín, y que presuntamente eran los responsables en el exterior de esta red delictiva, junto con dos de las nietas de Charlín Gama, un abogado que actuaba como testaferro del clan y varios empresarios arousanos.
El cerebro de esta trama criminal seguía siendo, según la investigación, el patriarca Manuel Charlín, a pesar de encontrarse en la prisión de A Lama, ayudada por su hija, Josefa Charlín Pomares, internada en la cárcel de Zuera. Las órdenes dadas por ambos habrían permitido al clan, que en los últimos años habían perdido gran parte de su patrimonio, rearmarse económicamente mediante la adquisición de diversos bienes a través de testaferros.
A los detenidos se les imputan delitos de blanqueo de capitales, alteración del precio en concursos públicos e pujas, estafas, delitos contra la Hacienda pública y atentado contra la autoridad. En la operación se realizaron 14 registros domiciliarios y se embargaron de forma preventiva 58 inmuebles valorados en más de 12 millones de euros y se bloquearon otros tres millones que estaban depositados en varias cuentas bancarias suizas.
