La declaración de la jefa territorial de la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta en Vigo, María Rita P., investigada en la denominada operación Patos, y que debía comparecer este miércoles, ha sido aplazada al 22 de septiembre.
Inicialmente había sido citada hoy junto al empresario Alberto T., de la constructora Ediserpo, quien sí ha prestado declaración, también en condición de investigado, en el Juzgado de instrucción 7 de Vigo.
El empresario, según fuentes jurídicas, ha negado que pactara nada con Eiriña, señalada como epicentro de la supuesta trama corrupta para supuestamente amañar contratos con administraciones públicas.
Ambos fueron citados por la juez Carmen García Campos a petición de la Fiscalía a cuenta de la recolocación laboral de Alfonso F.C., también investigado en la causa, y de unos contratos de obras en el hospital Meixoeiro, en Vilagarcía de Arousa y en Panxón.
En la jornada de hoy también han declarado, como testigos, la exdelegada de Industria en Pontevedra Carmen B. y dos responsables de la delegación de Trabajo en Vigo, Susana F. y Ramón D.
Carmen B. ha eximido de responsabilidad en los ilícitos penales investigados a la exdelegada territorial de la Xunta en Vigo María José Bravo Bosch, también investigada en la operación Patos.
Esta testigo ha señalado a su salida de los juzgados que todas las preguntas que le formularon estuvieron relacionadas con el funcionamiento de la Delegación de la Xunta en Vigo y sobre "cosas genéricas".
Lo mismo ha indicado Ramón D., quien en su caso ha sido interrogado por la comisión de valoración de unos cursos de formación.
Entre las nuevas testificales admitidas por la instructora el pasado abril figuran las de un funcionario del área de Contratación y Patrimonio de la Diputación, la alcaldesa de Moraña, María Luisa Piñeiro; el presidente del Coruxo, Gustavo Falque; el secretario general de la Autoridad Portuaria de Vigo y el jefe del departamento de Obras de esa institución, y tres empleados de Eiriña.
En total hay más de medio centenar de investigados en este proceso judicial, entre políticos, funcionarios y empresarios.
En la lista figura también el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a la sazón presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La operación Patos comenzó en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas -un exconcejal de Nigrán y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña- y practicó registros en las corporaciones municipales de Vigo, Nigrán, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ponteareas y Ourense.
También hubo registros en la Delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, en el Consorcio del Casco Vello, en el puerto y en la Diputación de Pontevedra.
