El portavoz del PP en Arzúa hasta 2008, Nicolás Esmorís, el hijo del alcalde de entonces, Xaquín García Couso (BNG) y el marido de la interventora municipal, Olga Castro Fernández empezaron a trabajar en Aquagest, una de las empresas que centra la trama de la Operación Pokemon, tras la concesión de dos contratos sin concurso en esta localidad coruñesa.
Los agentes de Vigilancia emitieron una serie de informes sobre varias circunstancias que se produjeron en el Ayuntamiento de Arzúa tras la renuncia de la empresa que gestionaba la piscina municipal.
"La Junta de Gobierno en reunión del 23 de septiembre de 2008 acuerda por unanimidad asumir provisionalmente el servicio hasta completar los trámites de un nuevo procedimiento", detallan en un informe realizado para la jueza instructora del caso Pokemon, Pilar de Lara.
"Sin embargo, el alcalde después de varios informes (...) invita a Aquagest a la ejecución del contrato el 5 de mayo de 2009", añaden y detallan que esta invitación se hace "sin concurso", se firma el 15 de junio de ese mismo año y uno de los informes es de la entonces interventora municipal Olga Castro Fernández.
Los agentes hablan de otro contrato, "al parecer también sin concurso", con una prórroga de veinte años del servicio de abastecimiento de aguas, que consideran que hay que tener en cuenta.
En esas fechas hubo una serie de movimientos que Vigilancia Aduanera considera dignos de mencionar, el primero es que el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Nicolás Esmorís Cendón, se convirtió en trabajador de Aquagest.
De hecho, por lo menos hasta 2012 era gerente provincial de Aquagest en Zamora y allí el responsable de la también investigada GRS ARS Local, Àlex Ros Valls, le pidió que le "echase un cable en el Ayuntamiento y en la Diputación", presuntamente para llevar la gestión de hacer algún servicio público.
Esmorís no fue el único que consiguió trabajo entonces, pues el hijo del alcalde -que entonces era el nacionalista Xaquín García Couso-, Andrés García Amarante, trabaja desde 2009 para Aquagest, según consta en el informe.
Incluso el marido de la interventora municipal, que hizo uno de los informes que llevaron a la concesión sin concurso de la piscina municipal a Aquagest, José Rivas Guerrero, trabaja desde 2008 para esa misma compañía.
