Así serán las nuevas residencias: más pequeñas y más parecidas a un hogar

Galicia y otras seis comunidades votan en contra del modelo propuesto por Belarra que, con todo, sale adelante. La Xunta dice que falta financiación y augura menos plazas y empleo
Manos de una mujer mayor. PIXABAY
photo_camera Manos de una mujer mayor. PIXABAY

El Ministerio de Derechos Sociales logró este martes aprobar el nuevo modelo de residencias de mayores y personas con discapacidad con el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP —esto es, Galicia, Madrid, Castilla y León, Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta—, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha, el único territorio controlado por el PSOE que votó en contra. El nuevo esquema, que apuesta por cuidados más personalizados, obligará a que los nuevos establecimientos, ya sean públicos o privados, tengan, como mucho, 120 plazas en zonas urbanas y 75 en el rural y áreas escasamente pobladas, además de constituir unidades de convivencia de un máximo de 15 usuarios, un requisito que se extenderá al 80% de los centros operativos en la actualidad.

¿Por qué se opone la Xunta?

La conselleira de Política Social, Fabiola García, recalcó que los postulados del ministerio son "inaceptables" al entender que "dificultarán o acceso aos cidadáns aos coidados ao eliminar prazas en residencias e postos de traballo". Rotunda, la política de Ribeira aseguró que supone "unha discriminación para os centros que están no rural", que en Galicia son mayoría. Además de defender que el planteamiento de la coalición "carece de coordinación sociosanitaria", censuró que Moncloa "non garanta o orzamento necesario". En este punto, el Gobierno gallego afea el tener que asumir "o 70% do custo" que entraña la atención, cuando la Ley de Dependencia marca que el Estado debe cubrir el 50%. En total, Galicia cifra en 2.100 millones de euros la "débeda" de Madrid.

La conselleira, que en el consejo territorial de políticas sociales de finales de mayo —en el que el ministerio no logró cerrar un acuerdo con las autonomías— ya expresó su oposición, censuró que la ministra Ione Belarra presentase un documento "que non foi consensuado" y que no incluyó "ningunha das alegacións realizadas".

¿Qué pasará en Galicia?

Ante una hoja de ruta que ve marcada por "a improvisación e o escurantismo", la consellería sostiene que seguirá "traballando" en un modelo de residencias "galego, realista e consensuado co sector". La receta, dijo, pasa por mejorar la coordinación sociosanitaria, incorporar la tecnología a la operativa diaria de los centros y por "mellorar a humanización" de las instalaciones y realizar reformas "asumibles". García —que avanzó que "nas próximas semanas" se convocarán las primeras plazas de atención a la discapacidad en régimen de concierto— también mencionó la creación de "unidades de convivencia que garantan unha atención máis individualizada".

¿Cuáles son los cambios?

"Es el acuerdo más importante de esta legislatura", destacó, de su lado, la ministra, que auguró que revertirá en una "mejora de la calidad de las residencias". Aplaudido por asociaciones de mayores y de discapacidad y criticado por patronales del sector como la Federación Empresarial de la Dependencia, que dudan de su viabilidad, el esquema fija una transición hasta 2030. Plantea impulsar la teleasistencia y la atención a domicilio para aquellos usuarios que quieran permanecer en sus casas el mayor tiempo posible y para los que se vayan a un centro, la idea es que estos se parezcan lo más posible a un hogar. Para lograrlo, será necesario contar con un profesional por cada dos usuarios, además de disponer de un espacio común para las comidas y una sala de estar. Además, el 65% de los cuartos deberán ser individuales y se eliminarán las sujeciones. Por otra parte, los establecimientos con más de 30 plazas deberán disponer de un sanitario que actúe como enlace con el sistema de salud.

A nivel laboral, el pacto obliga a contar con un mínimo de un 80% de contratos fijos y un 66% a tiempo completo (50% en servicios de ayuda a domicilio). Precisamente, este martes, personal temporal de los centros públicos de residencias de mayores y dependientes de la Xunta se concentró en Santiago para reclamar mejoras laborales.