La Xunta de Galicia lanzó este lunes dos propuestas "realistas" al Gobierno central con las que pretende, por un lado, evitar que "nunca más" se produzcan subidas extraordinarias de peajes en la AP-9 y, por la otra, cortar el "gran negocio" que tiene la concesionaria Audasa con la autopista gallega, que al final sale siempre del mismo sitio: el bolsillo de los ciudadanos.
En un ambiente más tenso de lo habitual entre el Ejecutivo autonómico y el central, con elecciones a la vista y en pleno debate de la trasferencia de la vía, lo que pretende la Xunta es arrancar el compromiso firme del equipo que salga de las urnas el 28 de abril de que revise a la baja las grandes cifras del convenio firmado entre el Ministerio de Fomento socialista y Audasa en el año 2011. La idea es cambiar la filosofía de aquel acuerdo, basada en la financiación de las obras de ampliación de la AP-9 con cargo a subidas en los peajes, para que se costeen con cargo a los presupuestos del Estado.
¿Cuál es la situación hoy?
El Gobierno de José María Aznar estiró la concesión de la AP-9 hasta 2048. Después, el convenio firmado por el Ejecutivo de Zapatero y Audasa fijó una subida de peajes de un 1%, anual y acumulativo, en los próximos 18 años para compensar la inversión en las obras de ampliación de Rande y Santiago. A esto se añaden los incrementos entre 2018 y 2020 para sufragar las bonificaciones de tarifa en los tramos de Pontevedra a Vigo firmados por el gabinete de Rajoy. Y por último está lo que sume el IPC. El resultado es que los peajes subirán entre un 18% y un 24% en 2025, lo que significaría pagar 20 euros por el viaje Vigo-A Coruña.
¿Qué propone la Xunta?
La Consellería de Infraestruturas realizó un "intenso" análisis de todos los acuerdos, estadísticas, estudios e informes relacionados con la AP-9, tras lo que sacó varias conclusiones que se resumen en una: existe un enriquecimiento "injusto" de Audasa con la AP-9. La razón habría que buscarla, según la Xunta, en ese Real Decreto 1733/2011, que disparará las tarifas hasta el final de la concesión, en 2048. En ese momento los gallegos habrán pagado 1.463,05 millones por esa subida del 1% anual y acumulativo para financiar unas obras de ampliación que en realidad le costaron a la concesionaria 223,22 millones. Y es que el convenio es "escandaloso", en palabras de la Consellería. Las ventajas para Audasa son interminables: aplica un tipo de interés del 8% "sin mecanismos de revisión"; realiza un cálculo "exagerado" de los costes de conservación en Rande y Santiago (141 millones) cuando los tramos nuevos apenas tienen gastos en este sentido; y fija una compensación extra de 244 millones al entender que si Audasa tiene más beneficios tendrá que pagar más impuesto de sociedades.
En este contexto, que la consellería considera de total injusticia, la Xunta propone revisar ese convenio de 2011 para que el Estado realice un pago anual de 53,19 millones a la concesionaria durante cinco años (casi 266 millones en total) para amortizar por vía presupuestaria las obras de ampliación ya ejecutadas, de forma que no haya más sustos con subidas extraordinarias de peajes. En segundo lugar, el Ejecutivo autonómico plantea otro pago anual del Gobierno a Audasa hasta el final de la concesión (el primer año serían 12,9 millones) para poder aplicar bonificaciones del 25% en trayectos de ida y vuelta el mismo día, para turismos y camiones durante toda la semana. Con ambas medidas, más "viables y realistas" que un rescate de la AP-9, que obligaría a un desembolso millonario "a tocateja" para la concesionaria, la consellería entiende que se amortiguarían los efectos negativos de ese convenio suscrito en el año 2011.
¿Por qué ahora?
El Ejecutivo gallego llevará sus propuestas a O Hórreo y al Congreso y las trasldará directamente a Fomento en cuanto se reúna la comisión bilateral sobre la AP-9. La razón de este paso al frente en este momento obedece a varias razones: el nuevo escenario electoral que se abre a nivel estatal, la existencia de un debate sobre el traspaso de la autopista y, sobre todo, el "clamor social" existente en Galicia ante el "agravio" al que está sometida la comunidad en materia de peajes. "Subieron casi un 6% en cuatro meses, cinco veces más que el IPC", apuntan desde la consellería.
¿Qué escenario se abre?
El origen del problema radica en la convivencia entre dos sistemas en España: las autovías o autopistas gratuitas y las de pago. Este escenario nunca fue equilibrado, pero los últimos acuerdos y acontecimientos (rescate de radiales madrileñas, levantamiento de peajes en autopistas de pago que terminan su concesión...) dibuja un nuevo mapa de total asimetría entre la España mediterránea y la cantábrica que penaliza de forma especial a Galicia. En unos años, será la comunidad con más kilómetros de peaje junto a Euskadi y Cataluña, aunque esta última con alternativas paralelas gratis. Además, Galicia está doblemente penalizada: su conexión con Madrid tiene peaje en Guadarrama.
Por otra parte, es más que probable que si la Xunta sigue adelante con su plan se acabe cronificando en los tribunales esta disputa. Y es que la revisión de un convenio con Audasa a la baja no es algo nuevo. La Xunta ya lo hizo con el firmado por el bipartito en 2006, al apreciar también un enriquecimiento injusto conn la gratuidad de los peajes de Rande y A Barcala. En esa ocasión presentó recurso ante el Supremo y el asunto está pendiente de los tribunales. "Suponemos que Audasa irá al contencioso, como hizo en el momento en el que rompimos ese convenio del bipartito, que era injusto para los gallegos y beneficioso para Audasa", afirmaron este lunes la conselleira Ethel Vázquez y el responsable de la Axencia de Infraestruturas, Francisco Menéndez.
