El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) ha suspendido finalmente el juicio rápido contra el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, por la supuesta autoría de un delito contra la seguridad vial cometido al conducir a 215 kilómetros por hora, ante la incomparecencia de su abogado.
Aunque el juzgado había desestimado la petición del letrado de la defensa para aplazar la vista oral al entender que podía acudir a ella al menos telemáticamente, finalmente no se ha podido celebrar el juicio, ni de manera presencial ni telemática, por incomparecencia de este abogado, según han informado fuentes del juzgado de Primera Instrucción de Puebla de Sanabria.
El abogado de Baltar, Juan Ramón Montero, había solicitado su aplazamiento por su imposibilidad de acudir a la vista oral al tener otro señalamiento anterior en otro lugar, pero el juzgado desestimó en principio la petición al entender que el juicio rápido podía celebrarse por medios telemáticos a lo largo de la mañana de este martes, aunque finalmente se ha suspendido.
El juicio, que se había fijado para las 9.30 horas y para el que se establecerá una nueva fecha de celebración, pretende determinar si el presidente de la Diputación de Ourense cometió un delito contra la seguridad vial al ser pillado el pasado 23 de abril en un control de velocidad a 215 kilómetros hora en un tramo de la A-52 de la comarca de Sanabria en el que la velocidad máxima permitida era la genérica de esa vía, 120 kilómetros por hora.
Al superar en más de 80 kilómetros hora la velocidad máxima permitida, una vez establecido el margen de error del cinemómetro, el exceso de velocidad fue considerado delito contra la seguridad vial y las diligencias remitidas al juzgado.
En el momento en el que pararon el vehículo oficial conducido por el propio Baltar para identificar a su conductor, los agentes que realizaban el control de velocidad no disponían de la certificación del margen de error del medidor de velocidad, por lo que inicialmente le pusieron por el exceso de velocidad una multa de 600 euros, que con el pronto pago quedaron en 300, y seis puntos de detracción del carné de conducir.
El artículo 379 señala que el delito contra la seguridad vial está castigado con pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo de entre uno y cuatro años.
Gran repercusión política
Días después de lo ocurrido, Manuel Baltar, al frente de la Diputación ourensana desde 2012, pidió disculpas y lo atribuyó "un despiste acontecido en una larga recta de la A-52, sin referencias de ningún tipo" y aseguró ser la primera persona en lamentar las consecuencias de una situación dolorosa para él, "derivada de un error aislado pero que no es, desde luego, adecuada".
Hasta el momento su propio partido, a través de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha evitado avanzar si le serán exigidas responsabilidades políticas en caso de resultar condenado por un delito contra la seguridad vial debido a su exceso de velocidad, y todo ello tras abogar por no adelantarse a "ninguna decisión judicial" y para evitar hacer "juicios paralelos".
En el lado opuesto se han posicionado, entre otros, distintos dirigentes políticos ourensanos, como el portavoz del PSOE en la Diputación, Ignacio Gómez, quien una vez reconocido que la vía política por la multa al presidente provincial está "agotada", una vez que sus "jefes" lo avalan y no le instan a dimitir, advirtió de que los socialistas "no van a parar aquí" y avanzó que lo "intentarán" en la vía judicial por el uso del parque móvil de la institución provincial para fines particulares.
En la misma línea se manifestó el portavoz del BNG, Bernardo Varela, quien lamentó que "hay un uso espurio" de un vehículo público por parte del presidente en lo que calificó como "un síntoma de cómo se maneja esta provincia con un presidente que entiende que el Pazo Provincial es su cortejo privado".
Hasta la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se hizo eco de lo ocurrido durante una visita a Ourense para apoyar al candidato de la formación morada, Toño Naval, que lidera la candidatura de confluencia en la ciudad para la cita electoral del 28 de mayo, al apuntar que "hay cientos de razones para sacar a Baltar de las instituciones".
