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Los partidos gallegos se posicionan tras pasar la AP-9 a manos extranjeras

El puente de Rande es uno de los puntos más problemáticos de la AP-9 por sus recurrentes atascos. RAFA FARIÑA
El puente de Rande es uno de los puntos más problemáticos de la AP-9 por sus recurrentes atascos. RAFA FARIÑA

Las formaciones se dividen entre los que critican la venta y los que le restan importancia

PPdeG, PSdeG, BNG y En Marea se han ido pronunciado a lo largo de la mañana de este lunes sobre la venta del 55,6% del capital social de Itínere (AP-9) –hasta ahora en manos de Sacyr, Abanca y Kutxabank– a tres fondos de pensiones extranjeros que controlan Globalvia.

Los representantes de las dos primeras formaciones coinciden en restarle importancia al proceso, mientras que sus homólogos de BNG y En Marea tildan el proceso de "indecente" y critican la "especulación financiera".

PP. El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Pedro Puy, ha coincidido en señalar que una gestión de la AP-9 –la principal autopista gallega– desde Galicia mejoraría el "control" del servicio que presta la concesionaria de esta infraestructura, el grupo Itínere. 

La postura de Puy coincide con la expresada el domingo por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que al igual que en otras ocasiones ha preconizado el traspaso de competencias a Galicia sobre el control de esa infraestructura, aunque no sobre la nacionalización, como piden otras formaciones políticas. 

El diputado ha restado importancia a la venta de Sacyr, Abanca y Kutxabank al sostener que "no es más que un cambio de propiedad".

Sin embargo, ha señalado la "importancia que tendría" el hecho de que se llevase a cabo la trasferencia de competencias a Galicia "a efectos de controlar que la nueva dirección cumpla los compromisos que tiene esa concesión".

Ha opinado que, de realizarse la transferencia de competencias, la Xunta "tendría más capacidad" para comprobar el grado de cumplimiento de los servicios al contar la Administración gallega con "mayor proximidad" a la citada infraestructura.

PSOE. En una línea parecida se ha expresado el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quien ha restado importancia a esta venta al entender que "no cambia para nada la situación" de la infraestructura. "Establecería esto en situación de normalidad" y de un "tráfico mercantil normal" por lo que "a nadie le debe escandalizar".

Por ello, Leiceaga ha instado a dejar "de decir lo que no es" puesto que el principal problema de la AP-9 es que su concesión fue prorrogada "hasta 2048" por "el Gobierno de Aznar".

En este sentido, ha reiterado que el hecho de que esta concesión esté en manos "a b o c" no añade cambio alguno para los usuarios.

Además, ha puesto en valor que esta venta abre una "oportunidad" para el debate sobre las ventajas que tendría una "gestión desde la proximidad".

Lo necesario ahora es "pedirle al Congreso de los Diputados que debata sobre este asunto" con la proposición de Ley remita desde el Parlamento por unanimidad para que se "autorice la negociación entre el Gobierno central y el Gobierno de Galicia".

El socialista ha confiado así en que el "traspaso se produzca" pero para ello aboga por "negociar con los propietarios sea quien sea", para que este intercambio "se realice en las mejores condiciones para los usuarios".

BNG. Por contra, la viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha exigido este lunes al Gobierno gallego que "mueva ficha" después de la venta del 55,6% de la AP-9 perteneciente a Sacyr, Abanca y Kutxabank a tres fondos de pensiones extranjeros que controlan Globalvia, una noticia de la que la Xunta es "mera espectadora" pues parece "enterarse por los medios".

En rueda de prensa, Rodil ha censurado esta venta ya que una de las infraestructuras más importantes del país pasa de estar en manos de "unos fondos de especulación a otros fondos buitres nuevos".

Mientras tanto, ha lamentado "tenemos que es escuchar como el Gobierno dice que no tiene ni idea de quiénes son los nuevos propietarios, ni qué piensan hacer con una de las principales infraestructuras del país".

Por ello, ha demandado "luz y taquígrafos sobre esta especulación financiera" que repercute en los usuarios de la AP-9 que día a día tienen que soportar el pago de los peajes y largas colas.

Para poner solución a esta problemática, la nacionalista ha incidido en la necesidad de poner en marcha el "traspaso" de la infraestructura después de "un año y medio de retraso" por el veto del Gobierno del PP a tramitar esta proposición de Ley en el Congreso, "sin que el presidente de la Xunta moviese un dedo".

Además, el BNG también solicita una reunión "inmediata" de la comisión bilateral entre el Ejecutivo estatal y el gallego para abordar esta situación, y que sería la primera al respecto después de la llegada del PSOE a La Moncloa.

"No podemos esperar ni un minuto más", ha advertido Rodil que insistió en la necesidad de que "se aceleren los procesos de ese traspaso" porque "no podemos" pasar "otro año y medio esperando".

EN MAREA. Por último, la vicepresidenta segunda del Parlamento y diputada de En Marea Eva Solla ha considerado este lunes que no se debería permitir la venta de un paquete de acciones del grupo Itínere, que explota la gestión de la principal autopista gallega,la AP-9, por considerar que es " totalmente indecente"

El grupo Sacyr anunció la venta, junto con Abanca y Kutxabank, de un paquete de 55,6 % de acciones de Itínere a tres fondos de pensiones extranjeros que controlan Globalvia.

Solla ha indicado que no se debería permitir esta venta mientras urge la transferencia de la infraestructura para una gestión autonómica, que no pudo ser "efectiva por el bloqueo del PP".

Lo importante para En Marea, ha dicho, es la "nacionalización del bien" en tanto que "no es normal que se estén rescatando otras infraestructuras" y que, sin embargo, "no se traslade ni la competencia" sobre esa infraestructura a la Xunta.

Ha opinado que el traspaso de competencias del Gobierno central al autonómico repercutiría de forma positiva a los usurarios, puesto que los "contribuyentes ya pagaron suficiente" por esta infraestructura, además por un servicio precario como demuestran las colas en los peajes que incluso ha denunciado la Valedora do Pobo.

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