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Las cárceles gallegas requisaron más de 400 móviles a presos desde el año 2000 

Interior informa de que el año pasado se interceptaron 39 móviles en cárceles gallegas. EP
Interior informa de que el año pasado se interceptaron 39 móviles en cárceles gallegas. EP

En 2007 se detectó un teléfono por cada 195 internos, mientras que una década después la tasa sube a uno por cada 84 presos 

El problema no viene de ahora. En 1994, la Audiencia Nacional acusó a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de liderar desde la cárcel de Valdemoro una red de narcotráfico sirviéndose de un teléfono inalámbrico. Y meses atrás también se le había encontrado un aparato semejante a Manuel Charlín. Por aquel entonces no había un registro estadístico que contabilizase el tráfico de móviles en las cárceles, reconocido por los expertos como uno de los principales problemas del sistema de seguridad penitenciario. Los números arrancan con el nuevo milenio, cuando esta tecnología está más generalizada. Así, desde 2000, Instituciones Penitenciarias se ha incautado más de 400 terminales en las cinco prisiones gallegas. El año pasado fueron 39.

Lo cierto es que Galicia no muestra datos que sobresalgan en el mapa español, por lo que la situación es menos preocupante que en lugares como la prisión salmantina de Topas, que acumula desde entonces 1.242 teléfonos localizados y establece un récord en el que le siguen Ceuta (890) y Santa Cruz de Tenerife (852), según datos del Ministerio del Interior. De hecho, los móviles interceptados en las cárceles gallegas en 2017 apenas suponen el 3,5% de los 1.383 teléfonos del conjunto de centros controlados por Instituciones Penitenciarias –que no incluyen los de Cataluña–, en tanto que la población reclusa de Galicia representaba el 6,5%. Si en las cárceles dependientes del Estado se hallan casi cuatro móviles por jornada, en Galicia se descubre uno cada poco más de nueve días.

Los inhibidores de señal, un factor clave para restringir su uso, están presentes en los centros de A Lama, Teixeiro y Monterroso

Sin embargo, la comunidad gallega sí destaca en la evolución proporcional del asunto, ya que, durante los últimos diez años, la tasa de terminales confiscados a los presos se ha incrementado un 77% frente al 11% del territorio estatal: de 22 móviles detectados en 2007 ha pasado a 39 este último curso. Sea como fuere, en ambos casos se da la paradoja de que, a pesar de que el número de  encarcelados ha ido decreciendo, el contrabando de móviles sigue el camino contrario. Haciendo una aproximación con la cifra de presos en las cárceles de Galicia a diciembre de cada año, si en 2007 se hallaba un móvil por cada 195 internos, diez años después esta ratio aumenta a uno por cada 84.

El volumen de teléfonos decomisados en Galicia no respeta una tendencia regular y fluctúa entre el mínimo de 24 aparatos recuperados en 2016 y el máximo de 46 de 2009, con una media anual de 38 en esta década. Teixeiro se lleva la palma: con 184, supone casi la mitad del total de teléfonos incautados desde el 2000. Le sigue A Lama, con 123, y ya a bastante más distancia quedan la prisión ourensana de Pereiro de Aguiar, con 45, y las lucenses de Monterroso (28) y Bonxe (23). El sindicato de prisiones Acaip eleva ligeramente estas cifras, hasta un total de 432 móviles en este periodo. 

INHIBIDORES Y PERSONAL. De acuerdo con fuentes del entorno penitenciario, la mayoría de terminales que pueden circular por las cárceles consigue incautarse por el simple hecho de que no son objetos ni pequeños ni fáciles de esconder, además de que despiertan muchas envidias por ser objetos valiosos que dan acceso a información valiosa, sea de orden delictivo –como se ve en el caso de Miñanco–, sea estrictamente personal. De ahí que sea relativamente sencillo dar con ellos.

Los inhibidores, además, parecen marcar la diferencia. Las cuatro cárceles con mayor volumen de incautaciones carecen de estos dispositivos que obstaculizan la señal telefónica, a pesar de que sea un problema recurrente en ellas. A Lama, Monterroso y Teixeiro sí cuentan con esta tecnología que aun así, como se ve, no impide por completo el uso del móvil. La razón, denuncia Acaip, es la falta de mantenimiento, que exige una inversión constante "que la Administración ha detraído en beneficio de las empresas de seguridad privada", lamenta el sindicato, que también denuncia carencia de "medios humanos y tecnológicos" para atajar las filtraciones. Sin embargo, Interior defiende que todos los centros disponen de "medios técnicos apropiados" para evitar la entrada de móviles, como escáneres, arcos y raquetas de detección de metales.

Con todo y ello, el ente señala que el medio "más eficaz" es la actuación del personal penitenciario, que a través de la observación, los registros y los cacheos impiden la introducción de teléfonos o logran su incautación. Por desgracia, el caso de Miñanco también muestra que, en ocasiones, el intermediario es el propio funcionario: junto al capo cambadés fueron detenidos dos trabajadores del penal madrileño. El método más habitual para introducir móviles en las prisiones son los vis a vis, en el que el visitante lleva escondido el aparato en su propio cuerpo, o en el regreso de los permisos carcelarios, donde es el preso quien hace lo propio. Pero el ministerio revela que, entre 2010 y 2017, han sido ocho los funcionarios de prisiones sancionados por «introducir o vender» móviles a los internos. Ninguno de ellos ejercía en Galicia. 

Un hecho penado con aislamiento en celda o privaciones
La posesión de un teléfono móvil está tipificado como una falta grave en el reglamento penitenciario. Según estipula la normativa, el castigo puede ser una sanción de aislamiento en celda "de lunes a viernes por tiempo igual o inferior a cinco días", o la privación de permisos de salida por tiempo igual o inferior a dos meses, la limitación de las comunicaciones orales al mínimo durante un mes como máximo o la privación de paseos y actos recreativos comunes desde tres días hasta un mes como máximo.

LA VÍA FRANCESA. En otros países, la estrategia para acabar con el tráfico de teléfonos móviles en la cárcel tiene una apariencia paradójica. El pasado enero, el ministerio de Justicia de Francia anunció su intención de instalar teléfonos en cada celda de los centros penitenciarios para que los internos puedan realizar las llamadas desde su celda a una serie de números prefijados por la Administración o la magistratura, y a unos precios inferiores a los que tendría una cabina telefónica corriente. Esto supone la instalación progresiva de más de 50.000 aparatos en los 178 cárceles. Son teléfonos fijos, a fin de evitar la grabación de imágenes que pueda comprometer la seguridad del centro o de sus funcionarios.

El Gobierno galo defiende la iniciativa como un método para facilitar la reinserción de los reclusos gracias a un mayor contacto con los suyos, al mismo tiempo que se frena el contrabando de móviles para fines ilícitos. En el año 2016, las autoridades penitenciarias francesas se habían incautado de alrededor de 33.000 teléfonos y accesorios. Al respecto, el ministerio del Interior respondió al senador de EH Bildu Jon Iñarritu que «no se contempla medida alguna de estas características» en las prisiones españolas.

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