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La caza gallega sufre el declive de su hábitat, el medio rural

Un cazador muestra una escopeta de madera en la manifestación de Santiago. ÓSCAR CORRAL
Un cazador muestra una escopeta de madera en la manifestación de Santiago. ÓSCAR CORRAL

Galicia ha pasado en veinte años de tener 79.263 licencias a 42.047, con el envejecimiento de la población como una de las principales causas de la caída

Los cazadores decidido alzarse en armas al considerar que la presión de los grupos ecologistas en contra de esta actividad está creciendo de manera injustificada y poniendo a la sociedad en su contra. Lo hacen para defender una costumbre ancestral que, según defienden, es mucho más que matar animales, ya que forma parte indisoluble de la relación humana con el hábitat y el medio ambiente y genera, además, ingentes beneficios económicos y medioambientales.

Es en estas circunstancias en las que se inscriben las manifestaciones que hace una semana movilizaron a cazadores de toda España o la presentación, el jueves pasado, del informe ‘Evaluación del impacto económico y social de la caza en España’, en el que se cifra en 6.475 millones de euros al año el volumen que genera este sector, que emplea a 187.000 personas en el país.

Esas movilizaciones reunieron hace siete días en Santiago de Compostela a unas 10.000 personas, entre las que se contaban no solo cazadores, sino también representantes de asociaciones ganaderas y agrarias, así como asociaciones vecinales del mundo rural. Los cazadores gallegos habían sido además pioneros en la idea de poner en valor de manera empírica lo que la actividad cinegética implica para el tejido social.

Así, la Federación Galega de Caza encargó un informe sobre este asunto al departamento de Matemáticas de la Universidade de Santiago, que se publicó en 2013 el único estudio al respecto editado hasta el momento en la comunidad y que la propia Xunta da por bueno. Un documento que hacía una radiografía aún perfectamente válida de la caza en Galicia y que acercaba a los 100 millones anuales la cifra de negocio, pero que sin duda refejaba mejores momentos, tanto para Galicia como para la propia caza.

El 72% de los cazadores gallegos viven en el medio rural y el 92,9% tienen casa familiar en el concello en el que cazan

Y es que esta actividad en Galicia tiene unas características propias y muy marcadas, que la alejan del estereotipo de cazador deportivo preocupado solo por la cantidad y la calidad de las piezas: se trata de una costumbre profundamente ligada a la propiedad de la tierra y concentrada en el medio rural, cuyo impacto económico se contabiliza más como otro pilar del aprovechamiento del monte que como un deporte ajeno al hábitat.

El problema es que justo ahí, en su fortaleza, reside también su debilidad: en las últimas décadas, la caza en Galicia ha experimentado un descenso de actividad parejo al del propio medio rural y ha sufrido sus mismos inconvenientes, con el envejecimiento de la población y la transformación de los usos agrarios como principales causas.

CAÍDA EN PICADO. Los números reflejan la magnitud del problema: hace 20 años, en la temporada 1996-97, había 79.263 gallegos con licencia de caza; en la temporada pasada, la 2016-17, fueron 42.047. Solo en el último año se perdieron 2.000 licencias.

Darío Andrade, técnico del Servicio de Caza de Medio Ambiente de la Xunta y una de las referencias de la administración autonómica sobre este asunto, tiene claro el origen de este descenso constante y sostenido: "Entiendo que se debe a que no existe un relevo, no hay una gran incorporación de población joven, y sí existen muchas bajas. Es algo directamente relacionado con el envejecimiento de la población en Galicia. Hay muchísima gente mayor que sigue conservando su licencia y su afición pero que muere o lo va dejando. De hecho, hay muchas personas mayores que siguen cazando".

Y es que, incidiendo en las características apuntadas anteriormente, Andrade explica que "en Galicia la caza está muy ligada a la propiedad de la tierra. A diferencia de otras comunidades, el reparto de la propiedad es muy fraccionado. Es difícil que un mismo titular, un mismo propietario, tenga una superficie continua de su propiedad con cesión de los derechos suficiente como para constituir un tecor (antiguo coto). En la inmensa mayoría de los tecores, la titularidad corresponde a asociaciones de cazadores. El propietario particular lo que hace es ceder los derechos y entrar como miembro de esa sociedad de cazadores, y realiza el aprovechamiento de la caza en el entorno de esa sociedad. Son cotos sociales".

Hay que tener en cuenta que más del 90% de la superficie total de Galicia está susceptible de albergar actividad cinegética, y que hay más de 450 tecores, todos gestionados por asociaciones de cazadores que, en su mayor parte, necesitan como requisito para entrar ser propietario de tierras o tener vinculación con el concello en el que se sitúa, bien propia o bien a través de la casa familiar. El estudio de la USC de 2013 recogía, a este respecto, que el 72,4% de los cazadores gallegos vivían en el medio rural, y que el 92,9% de ellos tenían casa familiar de padres o abuelos en los concellos en los que cazaban.

"La caza no es un uso exclusivo", recuerda Darío Andrade, "está compartido y se ve influenciado por otros aprovechamientos forestales

De hecho, apenas existen en la Galicia las grandes fincas de explotación cinegética que son comunes en comunidades como Castilla-León o Andalucía. En estos momentos, por ejemplo, solo hay 30 autorizaciones para explotaciones comerciales de caza, y "se ve que la mayor parte de los expedientes están ligados a comunidades de montes en mano común y vecinales, que hace la cesión de derechos cinegéticos", aclara Darío Andrade.

Se trata de este modo de "un aprovechamiento económico más del monte de mano común, como una plantación de árboles u otros usos. De hecho, la ley de montes considera la caza como un uso forestal más, un aprovechamiento del monte. Así que la declaración de explotación cinegética la pueden hacer las propias comunidades de montes o bien pueden hacer un contrato de cesión a un particular para la explotación de esos derechos. Es otro ingreso más".

En opinión de este técnico en Medio Ambiente, "la caza es un instrumento más de regulación de las poblaciones silvestres. En estos momentos, la actividad humana de todo tipo está modificando el medio, cambiando el hábitat y afectando a al equilibrio natural de las especies. Al ver modificado su hábitat, las especies se adaptan, y unas salen beneficiadas y otras perjudicadas. Y el aprovechamiento cinegético debe contemplar esto: actuar para controlar determinadas especies que se ven muy beneficiadas por los cambios y proteger y potenciar a las que se ven perjudicadas. La caza es un instrumento de aprovechamiento controlado eficaz".

IMPACTO ECONÓMICO. Esto en lo que respecta al hábitat, a lo que habría que añadir el beneficio económico: "La caza en Galicia es muy social", añade Andrade, "mueve un importante número de aficionados. Ese movimiento de personas ha de generar necesariamente un importante movimiento económico en el medio rural. Además, también habrá que considerar que en muchas ocasiones los propios cazadores son los propietarios de los terrenos, la población que reside en el rural, y que se aprovecha también de ese movimiento por su territorio".

No existen datos oficiales precisos sobre este impacto económico, pero sí se pueden realizar aproximaciones nada descabelladas. El estudio realizado por el departamento de Matemáticas de la USC a petición de la Federación de Caza lo calculó incluyendo gastos en armas, cartuchos, perros, licencias, seguros, ropa específica, vehículos, pago de cotos... Lo hizo a la baja, y el resultado fueron 1.745 euros de gasto por cazador y año, desde luego una cantidad mucho más prudente que los 9.694 euros que refleja el estudio a nivel nacional presentado esta pasada semana. Además, calculó en alrededor de un 25% el número de licencias que no se usan pese a haberse sacado, en su mayor parte porque son de personas mayores que las han seguido renovando año tras año pero que ya casi cazan.

Teniendo en cuenta que con los años transcurridos desde aquel estudio el alza de los precios ha trasformado esos 1.745 euros en alrededor de 2.000, y que solo el 75% de los 42.407 gallegos con licencia salen realmente a campo habitualmente (31.805), el impacto que la caza genera en la comunidad rondaría en estos momentos los 63,6 millones al año.

Una cantidad que, hay que insistir, repercute en buena parte en el propio medio rural gallego y que, por lo tanto, hay que conseguir gestionar con todas las garantías para maximizar sus beneficios y minimizar sus daños, que también los hay: "La caza no es un uso exclusivo", recuerda Darío Andrade, "está compartido y se ve influenciado por otros aprovechamientos forestales. De tal manera que eso ha de tenerse en cuenta en la planificación para que no interfiera con la planificación del aprovechamiento de otros usos del monte. Por ejemplo, si un tecor afecta a un monte ordenado forestalmente, la planificación cinegética no puede interferir con la planificación previa ni ir en contra. O si afecta de algún modo a un espacio protegido. Debe estar todo coordinado".

La caza gallega sufre el declive de su hábitat, el medio rural