Más de tres centenares de personas se han manifestado este viernes en A Coruña en fila india para denunciar la "pasividad" del Gobierno de España por el "asesinato" de Diego Bello, el coruñés de 32 años abatido por la policía filipina, medio año después de su muerte.
La plataforma Xustiza para Diego ha convocado la marcha bajo el lema "Filipinas mata, el Gobierno de España calla", la cual ha transcurrido por las calles de A Coruña, desde el Obelisco hasta la Delegación del Gobierno en Galicia.
La protesta, que ha marchado con el sonido de los silbatos por la calle Real hasta la Plaza de María Pita, para cambiar de sentido por la explanada del Parrote, se ha realizado en fila india para respetar las medidas de seguridad y evitar contagios de coronavirus.
Al grito de "justicia para Diego", los asistentes han exigido que continúen las investigaciones para aclarar el suceso y reclamar responsabilidades por su muerte, ya que rechazan la versión de la policía filipina que alega que el coruñés era un traficante de drogas.
En la lectura del manifiesto, familiares y amigos han condenado que el Gobierno de España en "ningún momento se ha planteado la posibilidad de presentar una denuncia en los juzgados filipinos por la muerte de Diego, ni ha hecho su propia investigación sobre lo sucedido".
"Tampoco ha pedido a Filipinas pruebas escritas o sonoras de la presunta relación de Diego con el narcotráfico", han denunciado.
Asimismo, la plataforma ha recordado que el Concello de A Coruña aprobó en el mes de marzo una declaración institucional para instar al Ejecutivo estatal a ejercer "cuantas acciones políticas, diplomáticas y judiciales" fueran necesarias para restaurar el honor del joven empresario coruñés.
"Pasados seis meses del asesinato de Diego y más de tres meses de esta declaración la única iniciativa que ha tomado el Gobierno español es la de pedir explicaciones al Gobierno filipino por esta muerte", han apostillado.
Hasta ahora, han agregado, "nada se ha sabido de las hasta cuatro comisiones de investigación que se abrieron en Filipinas", una de la propia Policía, otra gubernamental, una tercera del Ministerio de Justicia y una cuarta de la comisión de Derechos Humanos del país asiático.
Además, han insistido en que la versión de la policía sobre la relación de Diego con el narcotráfico "en ningún momento ha sido avalada con pruebas", ni tampoco existía "ningún expediente judicial" que hubiera ordenado su detención, han asegurado.
Diego Bello era un empresario coruñés afincado en la isla de Siargao, al sur del archipiélago, donde llevaba dos años trabajando en varios negocios de hostelería y venta de ropa y fue abatido la noche del 7 de enero a las puertas de su casa por un comando policial camuflado que, según la versión del jefe de policía de General Luna, localidad donde residía Diego, pretendía detenerle.
A la marcha han asistido diferentes representantes políticos como la portavoz en el Concello de A Coruña de la Marea Atlántica, María García, el edil de PP Roberto Rodríguez, y el concejal del BNG Francisco Jorquera.
