Unos cien huelguistas de Justicia donan sangre para denunciar sus condiciones

Funcionarios de justicia en la asamblea de este miércoles en los juzgados de Lugo. EP
photo_camera Funcionarios de justicia en la asamblea de este miércoles en los juzgados de Lugo. EP

Unas cien personas que secundan la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia han donado sangre para denunciar de forma simbólica sus condiciones. En una nueva jornada del paro indefinido, que arrancó el pasado 7 de febrero, ha contado con una iniciativa planteada por el comité de huelga, que ya ha pasado por Ourense y Pontevedra y que se extenderá por el resto de ciudades gallegas.

Fuentes del comité, formado por los sindicatos SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO, han explicado a Efe que la donación de sangre es una manera simbólica de mostrar la situación que viven, que ya ha tenido en torno a un centenar de voluntarios. "Antes de que nos chupe la sangre Rueda, la donamos", aclaran mientras las negociaciones continúan rotas desde hace una semana, cuando se celebró la última reunión.

El seguimiento de la huelga ha sido, durante este martes según los sindicatos, de un 89 % en Vigo, un 88 % en Pontevedra, un 84 % en Ourense, un 82 % en Ferrol y Lugo, un 81 % en Santiago y un 79 % en A Coruña, con más de un 90 % en los partidos judiciales más pequeños.

Las negociaciones quedaron rotas el pasado martes con desacuerdo en los cinco puntos que reivindica la representación social, que solo firmará un acuerdo si hay consenso en los cinco y rechaza volver a sentarse si su interlocutor es el director general de la Función Pública, José María Barreiro.

Los sindicatos pretenden retomar las conversaciones con un mediador, como la presidenta del Consello Galego de Relaciones Laborais, con la que dicen que ya se acercaron posturas en su momento. La Xunta, por su parte, defiende su derecho a elegir interlocutores y mantiene su disposición a negociar, aunque aclara que no moverá su oferta económica.

En la parte salarial, las propuestas de ambas partes están todavía alejadas, con la petición de los sindicatos de aumentar en 225 euros al mes el complemento autonómico transitorio, frente a lo que plantea el Ejecutivo autonómico, entre 90 y 68 euros.

Tampoco hay acuerdo en materia de derechos laborales, pues los trabajadores quieren que, como ocurre en otras comunidades con los mismos funcionarios o en Galicia con jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, no existan los descuentos cuando solicitan una baja por enfermedad, pero la Xunta dice que la eliminación de esas reducciones se negocia a nivel estatal y cuando se apruebe, les será de aplicación.

Además, los trabajadores piden recuperar 106 plazas que fueron amortizadas, convertir en puestos fijos aquellos refuerzos que se hayan prolongado durante más de tres años y, en el caso de los sustitutos, percibir el salario del trabajo que desempeñan, si este es superior a su categoría original; tres puntos que el Ejecutivo gallego ve "canalizados", aunque los sindicatos difieren.

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