El sindicato CIG-Saúde ha reclamado este jueves anular el contrato de la Xunta con una empresa privada para el rastreo de personas infectadas por coronavirus, por considerar que esa función debería hacerla personal cualificado del servicio gallego de salud pública Sergas.
La líder de esa sección sindical, María Xosé Abuín, indica en un comunicado que en una reunión con responsables de la Consellería de Sanidad, estos justificaron las dificultades de los rastreadores para controlar el aumento de hasta 1.700 casos de as infectados por y reconocieron la necesidad de formación de personal de la empresa privada contratada.
Sin embargo, Abuín reclamó a la Xunta rescindir el contrato con la empresa privada de 14 millones de euros que considera como una "privatización" de servicios en un momento de pandemia, y atribuir esas funciones a técnicos de documentación sanitaria o personal de servicios generales de la lista de selección temporal del Sergas.
CIG-Saúde considera que contratar una empresa privada para rastrear a personas infectadas en una situación epidémica supone un "incumplimiento grave" del pacto de selección temporal del personal del Sergas y precisa en la nota que esos trabajadores "pagan unas tasas para figurar en las listas para acceder a un empego temporal".
El sindicato reprocha al Sergas su decisión de establecer un contrato con "teleoperadores de fuera del sistema" carentes de suficiente cualificación
Según Abuín, se trata de "personal altamente cualificado y formado que no precisaría una formación complementaria porque es del sistema sanitario" y reprocha al Sergas su decisión de establecer un contrato con "teleoperadores de fuera del sistema" carentes de suficiente cualificación.
La representante de CIG-Saúde calcula que el dinero destinado a la empresa privada encargada de rastrear a la población infectada permitiría contratar 6.628 técnicos o a 7.380 empleados de servicios generales" durante un mes y medio, incluyendo sus cotizaciones sociales.
BARRERAS. El sindicato también ha exigido este jueves que los 23 millones de euros que el Gobierno entregará a al astillero Barreras acaben en la industria auxiliar, con la que el astillero vigués mantiene una deuda millonaria.
