Unión Profesional de Galicia, que representa 43 colegios profesionales de diferentes ámbitos y a 65.000 profesionales colegiados que ejercen en la comunidad, muestra su “profundo rechazo” a la eliminación de la mayoría de partidos judiciales de Galicia, tal y como pretende el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado en Consejo de Ministros e impulsado por el Ministerio de Justicia, que gestiona Alberto Ruíz Gallardón
La pretendida reforma, según Unión Profesional de Galicia, implica “el deterioro de un servicio público esencial” para los gallegos y supone “el alejamiento de la justicia” del ciudadano. El órgano que representa a los colegios profesionales apuesta por un servicio público de Justicia “cercano, accesible y asequible”. “Debe garantizarse el derecho fundamental a la tutela judicial en condiciones de igualdad para todos”, asegura el presidente de Unión Profesional de Galicia, José María Arrojo, quien apunta que la futura LOPJ “socavaría derechos ya consolidados en nuestra sociedad”.
Unión Profesional de Galicia, que representa a colegios profesionales ubicados en las cuatro provincias gallegas y a profesionales que trabajan en todo el territorio de Galicia, alerta de que la reforma del mapa judicial en la comunidad autónoma implicará “una contracción de nuestra economía y supondrá la destrucción de numerosos puestos de trabajo”. “Muchos núcleos de población gallegos que acogen sedes judiciales se resentirán desde el punto de vista económico”, según José María Arrojo, quien transmite la inquietud de los colegios integrados en Unión Profesional de Galicia.
La reforma que pretenden llevar adelante el ministro Gallardón mantendría en Galicia cuatro únicos partidos judiciales, que pasarán a llamarse tribunales provinciales de instancia, ubicados en las capitales de provincia (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra). Desaparecerían las cabeceras judiciales de las otras tres grandes ciudades (Vigo, Santiago y Ferrol), al tiempo que también serían eliminados los actuales partidos judiciales de la provincia de A Coruña (Betanzos, Noia, Carballo, Corcubión, Arzúa, Ortigueira, Ribeira, Negreira, Muros, Padrón y Órdes), de Lugo (Mondoñedo, Chantada, Monforte de Lemos, Viveiro, Sarria, Fonsagrada y Becerreá), de Ourense (Rivadavia, Xinzo, Pobra de Trives, Verín, Barco de Valdeorras, Carballiño, Bande y Celanova); y de Pontevedra (Ponteareas, Vilagarcía de Arousa, A Estrada, Tui, Cangas, Lalín, Cambados, Redondela, Porriño, Caldas de Reis y Marín).
“Todas estas localidades sufrirán una merma de competencias que impactaría en la calidad de los servicios que reciben sus habitantes y en la economía de la zona”, afirma el presidente de Unión Profesional de Galicia, quien recuerda que “los gallegos que viven cerca de estas poblaciones tendrían que trasladarse a la capital de la provincia cada vez que quisiesen utilizar este servicio”. “La reforma supondría un retroceso para Galicia y para los gallegos”, apunta José María Arrojo, quien recuerda que el actual modelo permite atender a una población dispersa en miles de núcleos, una característica “intrínseca” a Galicia.
Unión Profesional de Galicia confía en que el Gobierno central se replantee sus pretensiones de sacar adelante una ley que lesiona gravemente los intereses de Galicia y sus ciudadanos.
