El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, que renunció al bastón de mando en abril del año pasado tras ser procesado por un presunto delito de fraude fiscal del que está pendiente de juicio, ha sido imputado en la segunda fase de la operación Pokemon -Manga-y declarará el 4 de marzo.
Conde Roa, que cursó la baja del PP hace menos de un año, recibió la cédula de citación, han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, poco más de una semana después de que se efectuase un minucioso registro en la vivienda que posee en la capital gallega.
La inspección se practicó el mismo día -el pasado jueves 14- en el que fueron detenidos su exasesor Ángel Espadas, que está en prisión y suspendido de militancia en el PPdeG, y el hoy exedil de Seguridad del Ayuntamiento compostelano Albino Vázquez Aldrey, que dejó todos sus cargos -también el escaño en la Diputación de A Coruña- y la militancia en el PP, y está en libertad previo pago de una fianza.
Las fuentes consultadas han indicado a Efe que en el caso de Conde Roa las indagaciones se centran en si pudo cometer prevaricación e incurrir en tráfico de influencias.
La operación Pokemon, que comenzó en el juzgado de instrucción número uno de Lugo, del que es titular Pilar de Lara Cifuentes, investiga la existencia de una supuesta trama para obtener concesiones y contratos públicos de manera supuestamente irregular en varias ciudades gallegas aunque en su segunda fase, llamada "Manga", la investigación no solo se circunscribe al territorio gallego, sino también a Asturias y Cataluña.
En la operación Pokemon está imputado el actual regidor de Santiago, Ángel Currás (PP), aunque no se han fijado para él medidas cautelares, así como el regidor de Lugo y presidente del PSdeG, Xosé Clemente López Orozco, sobre el que tampoco pesan cautelares.
Pero además de Currás y Orozco, figuran también imputados, entre otros, el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez (PSdeG), que dejó el cargo; el exregidor de Boqueixón (A Coruña), Adolfo Gacio (PPdeG), que también abandonó la alcaldía tras su imputación, y un exconcejal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Fernando Varela.
Estos imputados revelan que la operación es transversal, afecta a políticos de los tres partidos tradicionales en Galicia -PP, PSdeG y BNG- y a varias de las localidades más importantes.
La segunda fase, Manga, ha derivado ya en varias dimisiones, y, así, ayer renunciaron a sus puestos el hasta la fecha alcalde de Sant Hilari Sacalm, Robert Fauria, de CiU, y el secretario de Organización de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Josep Carrapiço, que dimitió tras haber sido llamado a declarar con la voluntad de "no perjudicar" a su partido pese a no estar imputado.
