Un Juzgado de Primera Instancia de Vigo ha condenado a una aseguradora privada a indemnizar con 30.000 euros a un paciente por la demora que sufrió en el tratamiento de una infección en su pierna tras ser sometido a una cirugía de fractura de tibia y peroné, que fue realizada sin consentimiento informado en Santiago de Compostela.
Según informan, A.O.L., un vigués de 50 años, sufrió en febrero de 2009 una caída mientras talaba un árbol en un lugar próximo a Santiago de Compostela tras la cual fue remitido por su seguro de salud privado al Hospital La Rosaleda de dicha ciudad. Allí, a los pocos días de su ingreso, fue intervenido por una fractura en la tibia y el peroné "sin consentimiento informado", y posteriormente enviado a Vigo para iniciar el seguimiento y las curas de la herida quirúrgica que son realizadas por los servicios médicos del seguro de salud.
A.O.L. había contratado la póliza denominada Poliplus con un seguro privado que garantizaba, entre otras cosas, "la cobertura de la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria que proceda" sin tener el paciente opción de elegir libremente el hospital en el que ser tratado o médicos ajenos al cuadro médico de la póliza.
A pesar de que los servicios médicos del seguro pudieron observar "a simple vista" que la zona empeoraba, no se realizó una analítica de urgencias hasta días más tarde. Dichas pruebas revelaron la existencia de una infección nosocomial en la herida, es decir, aquellas que se adquieren intrahospitalariamente, por lo que fue derivado de nuevo a Santiago de Compostela "demorando el tratamiento" y el desbridamiento, o eliminación del tejido muerto existente, produciéndose así un "retraso negligente", según recoge la sentencia.
Tras ser enviado de nuevo a Vigo, en la Clínica Fátima se le retiró la placa de osteosíntesis infectada que se había implantado en la zona de la fractura.
Una vez denunciados los hechos, el Juzgado ha condenado a la aseguradora a indemnizar por esas irregularidades con el pago al paciente de 30.000 euros más los intereses desde la fecha de la cirugía, que elevarán la suma total de la indemnización a 50.000 euros.
El abogado del Defensor del Paciente encargado del caso, Cipriano Castreje, ha denunciado en un comunicado que todavía se realicen cirugías sin consentimiento informado y traslado de los pacientes a hospitales más lejanos, "cuando tienen el servicio adecuado en su propio lugar de residencia, lo que sin duda genera sobrecostes al paciente y retraso en la atención", señala.
