Condenas de entre 16 y 22 años de prisión para los acusados del crimen de Verín

El magistrado ponente de la Audiencia Provincial de Ourense ha determinado penas de prisión que oscilan entre los 16 y 22 años para los cuatro acusados del asesinato del conductor de Verín, Bernardino Pousa, que apareció degollado en septiembre de 2011, en una nave tras terminar su servicio en el autobús.

En el fallo, el juez ha ratificado la condena para la esposa Dolores A. y su hija María Ángeles P. de 20 años de prisión por un delito de asesinato, con la concurrencia de la circunstancia agravante "de parentesco" como supuestas inductoras del crimen.

El entonces novio de la hija. Alberto V., encargado de contratar a un sicario portugués -autor material de los hechos- ha sido condenado a 16 años de prisión, un año menos de lo que solicitaba la Fiscalía, al entender que concurre una "responsabilidad atenuante" al haber confesado su participación en lo ocurrido.

Los cuatro acusados, la esposa Dolores A., su hija, María Ángeles P., Alberto V. y un sicario de Chaves, Portugal, que había contratado el exnovio fueron declarados culpables de un delito de asesinato, con penas que oscilan entre los 16 y 22 años.

El sicario portugués, Ilidio Magalhaes, ha sido condenado a 22 años como autor material del delito de asesinato. El magistrado ha dictado además "inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena" para todos ellos. Además, en concepto de responsabilidad civil, ha establecido para los cuatro acusados indemnizaciones de 45.000 euros para el hermano de la víctima y otros 20.000 euros para cada uno de los dos nietos.

En el juicio, que se prolongó tres días, los integrantes del jurado determinaron la culpabilidad de los cuatro acusados, los cuales se habrían puesto de acuerdo para matar a la víctima por motivo económico-sentimental.

Durante el juicio, tanto Ministerio Fiscal y la acusación mantuvieron sus posiciones de partida como causas del asesinato, relativas a las malas relaciones entre la pareja derivadas de la petición de divorcio planteada por la víctima y las desavenencias en el reparto de bienes. Mientras, las defensas de los acusados se centraron en la falta de pruebas, por lo que pusieron en duda algunas conclusiones de la investigación. El abogado de la esposa aclaró que "no hay pruebas" determinantes y llegó a calificar la investigación de la Guardia Civil de "un castillo de naipes".

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