Confirman la sanción del bombero que se negó a desahuciar a Aurelia Rey

El juzgado de lo contencioso-administrativo número cuatro de A Coruña ha confirmado la sanción de seiscientos euros contra el bombero que se negó a cortar la cadena que impedía el acceso a la vivienda de una octogenaria que iba a ser desahuciada en esta ciudad el 18 de febrero de 2013.

Roberto Rivas España fue sancionado por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña por provocar "reacciones en el público que alteran o puedan alterar la seguridad ciudadana".

Aquel día llegó al portal del edificio donde vivía Aurelia Rey tras ser requerido por la comisión judicial que iba a proceder al desahucio, pues activistas estaban en el interior y habían puesto una cadena para impedir su acceso.

En el portal, tras unos segundos de conversación, cogió un pasquín de Stop Desahucios y lo izó, provocando un aplauso de la multitud que estaba contra el desahucio de la octogenaria, que se produciría días más tarde.

En aquel momento se había negado a participar en el desahucio y más tarde le llegó la sanción igual que a otras personas, aunque los juzgados han retirado ya la de Francisco Jorquera, portavoz en el Parlamento de Galicia del BNG, y han confirmado la de Simón Manuel Carril, también integrante del grupo nacionalista.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, afirma que la Subdelegación del Gobierno no ha vulnerado ningún derecho fundamental del bombero, al tiempo que estima que está acreditada la alteración del orden público con peligro para personas.

También relata que el bombero provocó reacciones en el público que alteraron la seguridad ciudadana y que por ello también le condenan al pago de las costas, hasta un máximo de setecientos euros junto con la sanción previa de seiscientos.

Fuentes del entorno del bombero sancionado afirman que se enteraron "por la prensa", pues ni siquiera la abogada, según dicen, tiene en su poder esta sentencia.

Desde la Delegación del Gobierno en Galicia explican que respetan "la decisión de la Justicia" que coincide con la propuesta de sanción de la Subdelegación a instancias de la Policía Nacional.

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