La Dirección General de Costas, organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente, acaba de apuntalar a Ence en Lourizán. Lo ha hecho a través del informe con el que su directora general, Raquel Orts Nebot, acaba de avalar la concesión que le permite a la empresa mantener su actividad industrial al amparo de la ría de Pontevedra.
El expediente, que se inició a instancias de la Audiencia Nacional tras la denuncia de un colectivo ecologista, declara la caducidad del cuestionado permiso del que Ence disfruta para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre, pero solo de manera parcial.
La decisión de Costas no afectará a las instalaciones de la fábrica ni a su producción, solo al campo de fútbol de Os Praceres, que deberá ser desmantelado. El organismo estatal da a la compañía un plazo de seis meses para que la instalación deportiva vuelva a su estado original ''una vez que se asegure que sus usuarios pueden disponer de otras instalaciones adecuadas'', un aspecto este último en el que se muestra muy incisivo.
Carme da Silva. Alcaldesa en funciones (BNG). ''Con ex-conselleiros e ex-ministros no consello de administración de Ence non se podía esperar outra cousa''
Aunque fue construido ''sin autorización'', el informe estatal no obligará a demoler el comedor que Ence utiliza para su personal. La construcción, de 689 metros cuadrados, podrá mantenerse siempre y cuando la firma ''inicie los trámites oportunos para la legalización del edificio''.
En la práctica, el dictamen de la Dirección General de Costas reproduce las conclusiones del informe previo elaborado recientemente por el servicio provincial que el organismo tiene en Pontevedra y asume las alegaciones presentadas en su día por Ence, rechazando así las presentadas por los concellos de Poio y Pontevedra.
El Gobierno capitalino, así como los colectivos ecologistas Salvemos Pontevedra y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), han anunciado su intención de recurrir el expediente de Costas por la vía judicial. Para ello deberán presentar un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.
La alcaldesa en funciones de Pontevedra, Carme da Silva, lamentó ayer la resolución del organismo estatal, que vinculó a una cuestión política y no técnica. ''Con ex-conselleiros e ex-ministros no consello de administración de Ence non se podía esperar outra cousa'', dijo la edil del BNG, que reiteró que el Concello plantará batalla ''social e legal'' a la permanencia de Ence en Lourizán. ''Faremos todo o que estea nas nosas mans para que saia da ría'', añadió.
Agustín Fernández. Portavoz del PSOE. ''Se fora funcionario de Costas custaríame moito asinar un documento deste calibre. O informe fíxose con directrices políticas''
La misma tesis la comparte el portavoz municipal del PSOE, Agustín Fernández, que también cuestionó el informe sobre la caducidad de la pastera. ''Se fora funcionario de Costas custaríame moito asinar un documento deste calibre. É unha auténtica burla sanguenta. O único que se incumpre é un campo de fútbol? Parece una película de Almodóvar'', destacó el que fuera abogado de Salvemos Pontevedra. ''O informe fíxose con directrices políticas'', apostilló.
MARISQUEO. La compañía que preside Juan Luis Arregui tiene vía libre para reactivar la prórroga que en noviembre de 2013 solicitó para mantener su actividad en la ría hasta el año 2073, es decir, 60 años más, que es el plazo máximo que permite la nueva Ley de Costas.
El informe estatal, que no deberá pasar el filtro del Consejo de Estado ''dado que no hay oposición del concesionario (es decir, de Ence), descarta también efectos medioambientales negativos de la fábrica en la ría, y más concretamente en el sector marisquero y pesquero''. En este sentido, se apoya en una de las alegaciones presentadas al expediente por la Xunta, que afirma que la pastera dispone de Autorización Ambiental Integrada y, por lo tanto, cumple con los parámetros exigidos por la Ley.
La caducidad parcial en los terrenos de Lourizán afecta también a los terrenos que ocupa la depuradora (EDAR) de Os Praceres, al emisario submarino y a sus accesos. En total, a 15.256 metros cuadrados de superficie. En este caso, no será necesario desmantelar la infraestructura, ya que la Dirección General de Costas advierte sobre el ''interés general'' de la misma y la necesidad de su permanencia para la depuración de las aguas residuales de los municipios de Pontevedra, Poio y Marín.
Para evitar el cierre de la EDAR, la Xunta dispondrá de tres meses para solicitar ''la oportuna concesión'' y regularizar la instalación.
