La mayor parte de los ciudadanos, por fortuna, no suele tener un contacto directo con el sistema de Justicia, o lo tiene de una manera escasamente traumática. Esto es muy bueno, pero, por otro lado, también impide que la sociedad dé a esta administración la importancia que da a otras, como el sistema público de salud, la educación o la seguridad. En realidad, se trata de uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y su buen funcionamiento debería ser valorado en la misma medida.
En los juzgados no solo se ven los delincuentes, que ya sería bastante, sino que del sistema de Justicia dependen aspectos como la custodia de los hijos en caso de divorcio o la pensión que se ha de pagar, el cobro de una indemnización por despido o el acceso al paro, el reconocimiento de la incapacidad laboral para un trabajador enfermo, la pensión de una madre dependiente, la reclamación de una deuda que puede evitar la quiebra de un autónomo o la paz de una comunidad de vecinos enfrentada por unas obras. Son vidas pendientes de una decisión judicial.
Todas esas vidas son las que se han visto afectadas por el conflicto laboral entre los funcionarios y la Xunta, con casos auténticamente tremendos que han tenido que ser aplazados. Para la mayoría habrá, tarde o temprano, una solución, pero para muchos esta puede llegar ya tarde.
OPOSICIÓN
Año y medio más de retraso que se suma a los dos que llevaba de espera
Muchos de los casos más dramáticos que se han visto afectados por la huelga están en la jurisdicción social. En Lugo, además, los retrasos y aplazamientos se suman al hecho de que se trata de los juzgados que ya tenían la mayor saturación, ya que alguno de ellos estaba señalando vistas orales para 2020.
Uno de los juicios aplazados esta misma semana es el que esperaba una trabajadora desde que puso la demanda en mayo de 2016. Se trata de una mujer que lleva varios años como personal laboral de la Xunta. La mayoría de estos trabajadores consiguió gracias a los juzgados ser reconocido como indefinido, aunque seguían sin plaza en propiedad. Para ellos la Xunta ha anunciado un proceso de consolidación a través de la convocatoria, este mismo año, de una oposición restringida para personal laboral indefinido.
El objeto de la demanda de esta mujer era, precisamente, ser reconocida como indefinida, a tiempo por tanto de poder presentarse a las oposiciones para obtener una de las plazas de funcionario en juego, un empleo de calidad para toda la vida.
El juicio estaba fijado para el lunes 19, pero se suspendió por la huelga. Salió, eso sí, con una nueva fecha de señalamiento: el 10 de diciembre de 2019, tres años y medio después de interponer la demanda. Es muy probable que no llegue a tiempo de opositar.
EMIGRANTE
El retraso de un certificado le bloquea un trabajo en el extranjero
Otro de los casos que se ha dado estos días en Lugo, otra vida afectada, tiene que ver con una persona que ha tenido que marcharse a buscar trabajo al extranjero, a un país de la UE. Esta persona por fin tuvo una oferta de trabajo apetecible, pero la empresa que se lo ofrecía le exigía, entre otros documentos, un certificado de que no tenía antecedentes penales.
Cuando recibió este certificado, comprobó que sí figuraba un antecedente, pero por un asunto ya muy antiguo que tenía que haber sido eliminado del historial de oficio, aunque a alguien se le olvidó hacerlo. Ahora, a través de un abogado lucense, solicitó dicha cancelación para poder presentar su expediente impoluto, pero al no estar incluido entre los trámites urgentes no se le pudo facilitar. Con toda probabilidad, para cuando le llegue la empresa habrá contratado o otro de los aspirantes.
CULPABLES
Tiempo para cancelar antecedentes y causa para atenuantes
En el ámbito penal, solo se están celebrando los juicios en los que el acusado está preso. Por desgracia, la huelga está perjudicando solo a los que iban a ser declarados inocentes y a las víctimas, mientras que está beneficiando a los culpables, y no solo porque muchos de ellos puedan permanecer más tiempo en la calle sin condena.
La suspensión de un juicio previsto esta semana en los juzgados de lo Penal de Lugo va a permitir, por ejemplo, que se cumpla el plazo para la cancelación de los antecedentes de uno de los acusados, lo que significa que en caso de condena le sería más fácil acceder a la suspensión de la pena.
Además, lo que es seguro es que todos los abogados defensores de acusados a los que se les ha suspendido el juicio podrán alegar cuando tengan una nueva fecha dilaciones indebidas, ya que el retraso es achacable al mal funcionamiento de la administración de Justicia. Esta atenuante implica penas más bajas.
INSTRUCCIÓN
Algunas investigaciones pueden estar en riesgo y podrían archivarse
Debido a los cambios normativos introducidos por el Gobierno del PP, las instrucciones judiciales tienen un plazo máximo de seis meses para completarse antes de ser archivadas o llevadas a juicio. Si se necesita sobrepasar este plazo, hay que solicitar la declaración de causa de especial complejidad.
Los motivos para que una causa tenga esa consideración están perfectamente recogidos, y entre ellos desde luego no se incluyen los retrasos por conflicto laboral en la administración de Justicia.
De este modo, existen investigaciones en Lugo que podrían estar en riesgo al no completarse la instrucción en los seis meses marcados, lo que podría dar lugar a peticiones de archivo o a que los posibles delitos tengan que ser juzgados sin disponer de todos los elementos de prueba.
PERJUICIOS ECONÓMICOS
Retrasos en cobros, intereses y pagos extra para testigos
La dimensión económica de la huelga es, evidentemente, enorme. Empezando, por supuesto, por lo que están dejando de cobrar los propios funcionarios en paro, que en marzo verán como sus nóminas de febrero presentan unos saldos raquíticos.
No son los únicos profesionales afectados: abogados, procuradores y peritos también verán afectadas sus cuentas. En primer lugar, porque no cobran la mayor parte de sus pleitos hasta que estos finalizan, con lo que las suspensiones les afectan directamente. Pero también porque los juzgados no están tramitando los mandamientos de pago, algo que no solo les afecta a ellos, sino a cualquiera que esté pendiente del cobro de una indemnización o de una deuda. En muchos casos, advierten estos profesionales, estos retrasos podrían implicar el pago de intereses.
Otro aspecto a tener en cuenta y que afecta directamente a los bolsillos son las indemnizaciones a los testigos. En cualquier juicio, sea del ámbito que sea, las personas que son citadas oficialmente por el juzgado a petición de una de las partes tienen derecho a recibir una dieta de desplazamiento y manutención si viven en otro partido judicial. Estos pagos corresponden a la parte que ha solicitado su presencia (en el caso de que una de las partes sea condenada además a pagar las costas del proceso, recae en ella); ha habido muchísimos juicios que no se han suspendido previamente, sino en el momento, con la presencia ya en los juzgados de todos los testigos, que tendrán derecho a cobrar por ese desplazamiento y por el del día que vuelvan a ser citados.
