Decenas de personas ''se concentran'' por discriminación laboral a una embarazada

Varias decenas de personas se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Xeral de Vigo para denunciar la "discriminación laboral" que sufrió una empleada embarazada tras ser declarada como "no apta" para su puesto de trabajo por la unidad de prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos CIG, CCOO, UGT y miembros de la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto, así como representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG), se han dado cita junto con profesionales sanitarios del área para exigir que el Sergas respete "el derecho al trabajo y el derecho a decidir" de las mujeres.

La responsable comarcal de Sanidad de Comisiones Obreras, Araceli Loureiro, ha explicado que la afectada, una aspirante de las listas de contratación del Sergas a celadora, fue llamada por la Dirección Provincial para firmar su contrato laboral el último día del mes de junio.

Según ha indicado, esta trabajadora advirtió al Sergas de que estaba embarazada de siete meses y aceptó el puesto "sin poner ningún tipo de impedimento" relativo a los horarios o a la imposibilidad de realizar algunas tareas.

Loureiro ha relatado que el día 1 de julio la trabajadora se incorporó a la plantilla y fue enviada a la unidad de riesgos laborales donde la declararon como "no apta" y la enviaron "a su casa sin ningún tipo de papel".

La responsable de CCOO ha recordado que, una vez firmado un contrato, un trabajador "no se puede ir del centro" porque entraría en un conflicto de "sanción administrativa", por lo que el sindicato exigió a la dirección el envío de una carta de "cese en toda regla".

Luisa Ocampo de la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto ha añadido que el "procedimiento a seguir" en estos casos sería "adecuar el puesto de trabajo" a la situación de la mujer o bien "facilitar" su baja por maternidad y no cometer "un acto de discriminación laboral y sexista vulnerando un derecho fundamental".

En concreto, ha acusado al Partido Popular de "ahondar en un modelo tradicional" en el cual las mujeres vuelven a tener la consideración de "cuidadoras, cerradas en casa e incapaces de decidir" mientras los hombres se posicionan como "sustentadores o cabezas de familia".

La trabajadora no ha presentado ningún tipo de reclamación administrativa ni ha realizado acción legal alguna, aunque si lo ha hecho el sindicato CCOO ante la "poca sensibilidad" y la "situación ilegal" que se ha producido al "no respetar" la dirección del centro las normas relativas a la ley de prevención de riesgos y el derecho al trabajo.

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