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La defensa de los acusados del tiroteo del Chou: "La Justicia debe velar por los valores"

Un coche de Policía en el Chou.AEP
Un coche de Policía en el Chou.AEP

Sostiene que se debe tener en cuenta que hubo motivos de "honor" y que ahora hay "paz social"

Dos años y medio después del tiroteo vivido a las puertas del complejo hospitalario de Ourense (Chou) entre dos clanes de etnia gitana en mayo de 2016, la Audiencia Provincial de Ourense deberá dilucidar sobre el grado de responsabilidad de los seis acusados, tres miembros de un clan de etnia gitana y la otra familia también de etnia gitana, implicados en el altercado, que supuestamente tuvo su origen en la relación que mantenía una pareja de ambas familias, sin haberse casado.

Durante la vista, las partes, acusación y defensas han mantenido sus respectivas peticiones, en el primer caso de prisión, y de libre absolución y en el segundo, con la alternativa de que se rebaje el delito de homicidio en grado de tentativa a un delito de lesiones agravadas.

En su intervención, el letrado que representa a los tres principales implicados, Antonio G. y sus dos hijos, ha pedido que se juzgue a sus representados por los delitos "que verdaderamente han cometido", tras cuestionar los graves delitos que les imputa la Fiscalía a fin de que "se les condene por los hechos probados" tras recordar que ha vuelto "la paz social".

La defensa señala que es no es un "enfrentamiento normal", sino "de una familia gitana"

"Esto no es un enfrentamiento normal, es de una familia gitana, por algo que se llama honor, donde la hija se escapa, tiene un hijo, y que no se ha casado", ha explicado este letrado, quien únicamente acepta los delitos de lesiones agravadas para el principal acusado y uno de sus hijos exculpando de los hechos al otro dado que no se hallaron restos de pólvora que permitan acreditar que utilizó un arma.

Del mismo modo, ha restado credibilidad al testimonio ofrecido por las víctimas y sus familiares de los clanes en fase de instrucción al entender que fueron manifestaciones hechas "en el fragor" de lo ocurrido debido a las "malas relaciones" que había en aquel momento y que atribuye a que los gitanos "tienen otra forma de expresarse".

Para ello, se ha sustentado en la versión ofrecida por las propias víctimas que durante el plenario se limitaron a reconocer que les vieron efectuando "disparos al aire" pero "nunca" con intención de matar, como sostiene la fiscalía al tiempo que ha recordado que ha vuelto "la paz social" tras la mediación de los patriarcas además de haberse resarcido a las víctimas por los daños.

Para el letrado de la otra familia implicada –Diego y sus respectivos hijos–, la prueba practicada no se puede sostener únicamente en base al testimonio del vigilante de seguridad para quien ha pedido la deducción de su testimonio.

Sostine que "todos los testigos mintieron" al no coincidir las versiones con la del vigilante

Según ha advertido, esto conllevaría concluir que "todos los testigos mintieron", tras asegurar que la versión ofrecida por ellos "contradice" lo declarado por el vigilante por lo que ha apuntado que la sala "no se puede abstraer de la realidad"; relativa a que "ni hubo encañonados" ni otros disparos tras los efectuados inicialmente por el principal acusado.

Para esta defensa, las penas que pide la Fiscalía son desproporcionadas ya que "no estamos hablando de asesinos".

Afirma que "no ha quedado acreditado" que "los chavales hiciesen absolutamente nada" y ha calificado de "una chapuza" la prueba realizada a los acusados ya que no se hallaron restos de pólvora en el principal acusado.

Por su parte, la fiscal ha mantenido la petición de penas individuales que van de los 10 a 13 años y medio para cada uno por delitos de intento de homicidio, daños, desórdenes públicos, tenencia ilícita y atentado por tirotear a un hombre y a su hijo en mayo de 2016 en la puerta del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

La fiscal recuerda que "no se puede desvirtuar" la gravedad de los hechos solo porque las familias "se lleven bien"

Durante el juicio, la fiscal ha recordado que "no se puede desvirtuar" la gravedad de los hechos "sólo porque ahora se lleven bien" acusando a los testigos -familiares- de "mentir" amparándose "en sus leyes", todo ello, después de tomarse "la justicia por su mano".

Así, considera acreditado que los acusados intentaron acabar con la vida del otro clan para lo cual se ha sustentado en la declaración realizada por el vigilante de seguridad, al que considera "el testigo más fiable" ya que ofrece un relato "persistente" en el tiempo.
Además, ha apuntado que las pruebas periciales que sitúan "de forma clara" restos de munición que se corresponden con las armas pertenecientes a los acusados además de advertir del riesgo que entrañó el tiroteo para las personas que se encontraban en ese momento dentro del centro hospitalario.

El letrado del Sergas ha pedido, por su parte, el resarcimiento de los daños sufridos en el hospital así como por la asistencia prestada a los heridos.

Durante el derecho a la última palabra, el principal acusado Antonio G. ha asumido toda la responsabilidad de los disparos y ha exculpado a sus hijos, que han pedido "perdón" por lo ocurrido.

Además, ha afirmado que siente "arrepentido" y ha recalcado que "nunca" tuvo "intención de matar a nadie".

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