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Denuncian malos tratos y torturas en las cárceles gallegas

Centro Penitenciario de A Lama
Centro Penitenciario de A Lama
Varias asociaciones denuncian incumplimiento del reglamento penitenciario y el respeto de los derechos humanos

Varias asociaciones han denunciado este martes malos tratos y torturas en las prisiones gallegas, en especial en A Lama y Teixeiro, y han reivindicado un turno de oficio penitenciario para combatir la "impunidad" con que se vulneran derechos fundamentales de los reclusos, sobre todo de aquellos que "alzan la voz".

Representantes del Observatorio para a defensa dos dereitos e liberdades (Esculca) y de Avogados Novos de Vigo se han referido también a muertes en "extrañas circunstancias" que Instituciones Penitenciarias achaca a suicidios o califica de accidentales, y a las dificultades para poder investigar desde fuera.

Yolanda Ferreiro, de Esculca, ha recordado en rueda de prensa que en diez años se han presentado veinte denuncias por malos tratos en prisiones gallegas y solo en un caso, que fue archivado como el resto, el juez llamó a declarar a los funcionarios implicados.

Ha abundado en que la defensa de un recluso no tiene acceso, por ejemplo, a las copias de las grabaciones de las cámaras instaladas en los módulos de aislamiento, y que se dan casos en los que las direcciones de las prisiones ponen trabas para que puedan ver a sus clientes.

Tanto Esculca como Avogados Novos de Vigo también han puesto el foco en deficiencias en la calefacción, la comida y la asistencia sanitaria dentro de las cárceles gallegas, así como en la "sobrepoblación" de los centros, que derivan en la dilación de las resoluciones de revisión de grado, con retrasos de hasta un año.

Han citado como "ejemplo paradigmático" el del gaditano Javier Guerrero, un recluso de A Lama en huelga de hambre desde el pasado mes de diciembre y que en todo este tiempo ha perdido 20 kilos de peso.

Sus principales demandas son el cumplimiento del reglamento penitenciario y el respeto de los derechos humanos, aunque también ha recurrido al ayuno para protestar por dilaciones en las resoluciones de revisión de grado.

En su caso no le descuentan tres años que pasó en la prisión de Zaragoza, donde protagonizó otra huelga de hambre, antes de ser trasladado a la cárcel de A Lama.

De ser así, ya tendría cumplidos tres cuartos de su condena, vigente hasta abril de 2020 por hurtos y otros delitos menores, según ha detallado su abogado, Raúl López.

Sheila Fernández, de la comisión de derechos humanos de Avogados Novos, ha señalado que Instituciones Penitenciarias guarda mutismo sobre este caso y que la dirección de A Lama trata de "criminalizar" su reivindicación.

Fernández ha explicado que este recluso tiene restringidas las visitas al hospital provincial de Pontevedra, donde está ingresado desde el pasado 5 de enero y donde fue intervenido de un riñón, y tampoco puede recibir llamadas telefónicas.

Alba Rodríguez, amiga de este recluso gaditano, ha señalado que "el detonante" de su huelga de hambre fue una sanción que le cayó porque en su celda apareció un aparato de música sin etiquetar que era de otro compañero, lo que derivó en la denegación de un permiso para poder pasar el año nuevo con su familia, que reside en China.

El otro desencadenante, ha indicado, fue que no pudo someterse a una intervención quirúrgica que tenía programada porque ese día no había disponible un vehículo policial para trasladarlo hasta el hospital.

Tanto Esculca como Avogados Novos, firmantes de una declaración de apoyo a la causa de Javier Guerrero que han suscrito una decena de asociaciones, han denunciado que en "muchos" procedimientos penitenciarios no es preceptiva la asistencia letrada, por lo que los reclusos tienen que realizar sus propios recursos.

Y eso cuando calculan que el 80% de la población reclusa desconoce sus derechos, los requisitos para obtener el tercer grado o pedir una hoja de cálculo de sus condenas.

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