El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha inadmitido la querella presentada por los inspectores gemelos Roi y Bernardo D. L. contra la jueza que instruye la investigación por la muerte de Celso Blanco, un compañero de raíces monfortinas cuyo cadáver apareció en la comisaría de la Policía Nacional en Ourense en abril del 2016 con un disparo en la sien, junto a tres pistolas que habían sido robadas de la armería y de cuya sustracción se autoinculpaba. Los hermanos la acusaban a de prevaricación, detención ilegal, inviolabilidad de domicilio y falsedad documental por haberles arrestado, según ellos, sin motivo.
El alto tribunal gallego sostiene que las resoluciones de la jueza de instrucción número 3 de Ourense "no son ilegales, ni se han dictado prescindiendo de razonamiento jurídico, ni desviándose de modo grosero del ordenamiento jurídico y, además, con conciencia y voluntad de actuar de ese modo". Así pues, determina que los hechos reflejados en la querella no son "constitutivos de delito".
Arrestados en 2018 en relación a la muerte de Blanco y el robo de armas dentro de una compleja trama delictiva que se entremezclaba con presuntos tratos de favor entre policías y narcos, aunque actualmente en libertad provisional mientras el caso parece no avanzar en dirección a su responsabilidad —de hecho, hace un año la Fiscalía volvió a solicitar el archivo de la causa—, Roi y Bernardo D. L. se querellaron contra la instructora tras entender que su actuación fue irregular durante la tramitación de las diligencias previas.
Al respecto, el TSXG señala que la prevaricación "exige cumplida prueba de que el juez es perfecto conocedor de la ilicitud de la resolución que dicta y de su injusticia, que implica exceder los límites de la legalidad" con el objetivo de "imponer su voluntad" sobre los principios legales; un supuesto que "no se da en el presente caso".
Por otro lado, dice que la jueza "no se atribuye el conocimiento de asuntos que no le corresponden", sino que "asume su competencia" para investigar el presunto delito de homicidio o asesinato, lo que le lleva a "conocer de otros con los que está en íntima conexión".
Aparte, señala que todas las actuaciones "fueron notificadas" a la Fiscalía y rechaza que se le pueda imputar una "dilación" en el procedimiento. En cuanto a las resoluciones que afectan a derechos fundamentales, indica que, acordadas previa solicitud de los investigadores, estaban "amparadas" por los motivos expuestos en ellas y además fueron avaladas por la Audiencia de Ourense.
