Dos nuevos jueces, uno en A Coruña y otro en Vigo, que serán atendidos por doce funcionarios, refuerzan desde hoy la atención a las posibles demandas que presenten los afectados por las participaciones preferentes.
El Ministerio de Justicia ha nombrado a un secretario judicial para ambos juzgados y desde el pasado 29 de agosto seis funcionarios están dedicados a este cometido, tres para tramitar quejas, dos gestores y uno de apoyo en cada uno de los juzgados.
Igualmente, se ha previsto la posibilidad de ejercitar demandas por vía digital a través de un procurador.
Todavía no se conoce la previsión de cuántas demandas serán presentadas, ya que durante el mes de agosto no se han podido tramitar.
La mayoría de las personas afectadas, según Novagalicia Banco, ha demandado la liquidez que hizo efectiva el fondo de garantía de depósitos, por lo que cada particular tendrá que evaluar si, por lo que no ha percibido de la totalidad de lo depositado, va a acudir o no a la vía judicial.
Aunque inicialmente se calculó que se podrían presentar más de diez mil demandas, todo dependerá de la voluntad de cada uno de los afectados, por lo que será en septiembre cuando se tendrá alguna cifra de demandantes.
Cuando se cerró el proceso de arbitraje en Novagalicia Banco, los 72.976 clientes con productos híbridos de las antiguas cajas gallegas habían recuperado, en dinero en efectivo y por término medio, un 84% del importe inicial invertido.
El porcentaje de recuperación de liquidez tiene en cuenta los abonos del 100% del nominal en arbitrajes, los canjes y liquidez y la diferencia neta de intereses percibidos por los clientes.
Así, un total de 37.688 clientes –un tercio del total– han recuperado el 100% de su inversión por la vía de los arbitrajes aceptados por NCG Banco.
Además, el juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña ha fijado para el 19 de septiembre el juicio por la demanda presentada por la Fiscalía contra Novagalicia Banco por la comercialización de las participaciones preferentes.
A este juicio están llamadas a declarar como testigos más de 650 personas, entre ellas, los que fueron máximos responsables de las cajas gallegas fusionadas, José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso, y el presidente ejecutivo de Novagalicia Banco, José María Castellano.
En su demanda, la Fiscalía reclamaba el depósito, por parte de las entidades, de 1.108 millones de euros como cálculo aproximado de las "cantidades obtenidas como consecuencia de las prácticas abusivas".
La de Galicia fue la primera Fiscalía Superior de una Comunidad Autónoma en demandar a una entidad bancaria por la venta de participaciones preferentes.
