El 21% de los reclusos de Galicia tiene hepatitis C

Un 21% de la población reclusa en Galicia tiene hepatitis C, la segunda mayor prevalencia de toda España, solo por detrás de Asturias (23%). Así figura en el informe dado a conocer este martes por el Defensor del Pueblo en base a datos de 2015 que le ha aportado la Administración penitenciaria.

Al respecto, la Administración informó al Defensor del Pueblo que en febrero de 2016 "no existía lista de espera para iniciar el tratamiento" con nuevos fármacos existentes; es decir, siempre según la información transmitida por la Administración, "todo aquel interno al que se le prescribe el tratamiento puede iniciarlo en las condiciones que establece el protocolo de la Agencia Española del Medicamento".

En diciembre de 2016, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias señaló que "no había recibido quejas respecto a la posible demora de tiempo que pudiera existir entre el diagnóstico y prescripción y el comienzo efectivo de su tratamiento por parte de los hospitales de referencia de los fármacos más modernos para el tratamiento de la hepatitis". La Administración penitenciaria asegura que, "en todo caso esta demora no excedía del tiempo medio que cualquier ciudadano en libertad debe esperar", sostiene el Defensor del Pueblo. Por tanto, "no consta que a día de hoy haya internos a quienes se les haya prescrito nuevos fármacos y se esté retrasando su dispensación de forma injustificada".

MÁS DE 850 PACIENTES TRATADOS EN ESPAÑA. De tal forma, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado al Defensor del Pueblo que en la actualidad todos los internos que tienen prescrito tratamiento para la hepatitis C y que se encuentran en prisión lo reciben En total, se trata de 857 personas en toda España.

Sobre este extremo, el Defensor del Pueblo afirma que "seguirá muy atento a fin de aclarar como se justifica que la disparidad existente entre la elevada cifra de enfermos privados de libertad, que se derivan de la tasa de prevalencia de esta enfermedad en prisión, y el número relativamente reducido de internos efectivamente tratados sea compatible con la inexistencia de lista de espera para la recepción de estos tratamientos".

DEFICIENCIAS SANITARIAS. La defensora del Pueblo también identifica como un problema "la falta de personal sanitario, actualmente insuficiente, aunque puntualmente reforzado a través de la oferta de contratos temporales que en ocasiones no encuentran candidatos interesados". Asimismo, sostiene que "estos profesionales perciben que se está produciendo un deterioro de la calidad del servicio que pueden ofrecer", pues se quejan de "la falta de disponibilidad de herramientas de gestión modernas y demandan la posibilidad de que estas aplicaciones sean compatibles con las historias clínicas digitales existentes de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas".

PLANTILLAS INSUFICIENTES. Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha pedido fortalecer el tratamiento penitenciario con un mayor número de funcionarios para no perder la "gran oportunidad" que se presenta con la consolidación del descenso del número de internos, una cifra que en 2016 se rebajó hasta los 59.839 personas privadas de libertad repartidas en 98 centros penitenciarios en el Estado.