El BNG denuncia las condiciones laborales de "escravitude" de la empresa Frigolouro

La diputada del BNG Montse Prado denunció este viernes ante una comisión del Parlamento de Galicia las condiciones laborales de "escravitude" que afrontan los "falsos autónomos" de la empresa Frigolouro, una planta del grupo Coren para procesado de porcino en el municipio pontevedrés de O Porriño.

La secretaria general de Empleo de la Xunta, Covadonga Toca, indicó que está "preocupada" por la situación en la que estos trabajadores desarrollan su labor y que el Gobierno autonómico hace un "seguimento" del asunto, aunque subrayó que está bajo investigación judicial.

En su intervención ante una comisión parlamentaria, la diputada del BNG calificó de "cruel e indecente" la situación que afrontan los trabajadores de esa empresa, que operan como trabajadores autónomos independientes porque "non ten outra alternativa", de manera que "ou asócianse" a la cooperativa "ou non teñen dereito a traballar", comentó.

Según Prado, la empresa empezó a operar en 1999 con unos cuarenta trabajadores, pero progresivamente han sido "substituidos por cooperativistas" y cuenta actualmente con 224 operarios, parte de los cuales son "falsos autónomos".

"Estamos ante una cesión ilegal de trabajadores", dijo Prado, quien lamentó que ha habido recientemente "cinco despidos" que coinciden con "personas que se movilizaron en defensa de derechos laborales mínimamente dignos".

Destacó que las condiciones que le aplican representan que "da igual que estén seis meses de baja porque solo cobran diez días", pese al riesgo profesional, y señaló que algunos "están sin dedos" debido a cortes producidos por la maquinaria.

También indicó que a los operarios "se les descuenta el tiempo de descanso para el bocadillo" y apuntó que "es difícil escuchar su relato de las condiciones de trabajo sin estremecerse", hasta el punto de que si se emitieran en un programa de televisión sería necesario advertir al telespectador de imágenes "sensibles" para los telespectadores.

La representante de la Xunta indicó que ha habido denuncias sobre "posible cesión ilegal de trabajadores" por parte de los sindicatos CIG, UGT y CC OO.

Apuntó que la Xunta hace un "seguimiento continuo" de la situación y que "la última visita al centro fue hace una semana", el 1 de abril, a la que acudieron socios de la empresa y representantes sindicales.

Sin embargo, Toca indicó que la Xunta no puede inmiscuirse en la investigación judicial e indicó que la investigación administrativa sigue un proceso burocrático que requiere cierto tiempo.