El BNG exige una rebaja del 50 % en el peaje de la AP-9

La diputada del BNG Ana Pontón ha anunciado hoy que el grupo parlamentario defenderá una iniciativa para instar a la Xunta a tomar medidas con carácter de urgencia para establecer acuerdos con respecto a la situación de la AP-9, entre ellas, una rebaja, "como mínimo", del 50 por ciento en el precio de los peajes.

Pontón ha indicado en conferencia de prensa que durante los últimos años de crisis económica los precios se incrementaron en más de un 30 por ciento, situando a esta autopista en la tercera más cara del Estado, un hecho que ha calificado de aberrante para todos los ciudadanos gallegos.

La diputada ha señalado que los precios de esta autopista son un "atraco a mano armada" y que "el cinismo" de la Xunta ante esta situación es continuo. Ha incidido en que la situación de la gestión de esta infraestructura es una muestra de la "discriminación y del desprecio" de la empresa concesionaria, Audasa, y del Gobierno central hacia la Comunidad gallega.

Por ello, ha apuntado que ya no son suficientes las palabras y que hay que pasar a los hechos para provocar un cambio en la situación de la carretera más importante de Galicia, que en los últimos veranos sufre "de manera alarmante" continuos "déjà vu" que rompen con la gestión pública y que no están acorde con la legislación vigente.

Para poner fin a esta situación, el BNG defenderá en el Parlamento que medidas a corto a plazo, como la rebaja en los precios del peaje, mientras no se consiga la titularidad de la autopista.

SANCIÓN
En la proposición no de ley para su debate en el pleno en cuanto se retome la actividad parlamentaria, el BNG instará también a la Xunta a sancionar a la empresa concesionaria por el comportamiento "abusivo" cuando no ofrece un servicio de calidad y proceder al "rescate" de la AP-9, poniendo fin así a la explotación privada con el fin de convertirla en una autopista "libre" y gratuita.

Pontón ha dicho que existen "muchos frentes" abiertos para trabajar en caso de que hubiera voluntad política, ya que también sería necesario investigar si en el momento en el que se produjo la concesión hubo o no un "fraude", ha considerado.

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