La red dedicada a la explotación sexual de mujeres brasileñas y venezolanas desmantelada en Galicia había constituido un complejo entramado de sociedades instrumentales para facturar los beneficios sin levantar sospechas y enviarlos a Brasil, y contaba con bienes valorados en tres millones de euros.
Diez personas han sido detenidas, seis en las provincias de Ourense y Pontevedra, que eran los máximos responsables de la red, y otras cuatro en Brasil, en el marco de esta operación, en la que han intervenido la Policía Nacional y la Federal de Brasil y que ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, que ha decretado el secreto de sumario y el ingreso en prisión de tres de ellas.
La red explotaba en clubes de alterne de Ourense y Pontevedra a mujeres entre 20 y 30 años de Brasil y Venezuela a las que ofrecía trabajo en España donde, para obligarlas a ejercer la prostitución, les retiraban el pasaporte y las sometían a amenazas y presiones que recaían no solo sobre ellas sino también sobre sus familias, precisa el Ministerio del Interior.
El clan, cuyo presunto cabecilla es oriundo de Ourense, mantenía vínculos familiares con Brasil, donde habría regentado algún club de alterne en el pasado y donde estaba siendo buscado por las autoridades judiciales por causas pendientes relacionadas con delitos de proxenetismo.
Precisamente las autoridades brasileñas solicitaron su extradición por sus delitos pendentes en este país.
De hecho, y a raíz de la denuncia presentada por dos mujeres víctimas de esta organización, las pesquisas policiales iniciadas el pasado marzo por agentes de la comisaría de Vigo permitieron averiguar que el núcleo básico del grupo estaba compuesto por un clan familiar cuyo cabecilla estaba casado con una brasileña. Ambos, además de su hija, su hijo y la esposa de este último, dirigían la actividad del grupo en España con funciones claramente establecidas, de manera que el padre era el principal líder de la organización, el hijo ejercía de administrador de uno de los clubes y la hija la encargada y administradora de otro.
Personas de la máxima confianza de la organización eran las encargadas de captar a las mujeres, sobre todo amigas de los miembros del clan e incluso familiares, como la suegra del cabecilla.
Una vez que las engañaban ofreciéndoles trabajar en España en el servicio doméstico y costearles el viaje, las mujeres debían saldar una deuda que ascendería a unos 3.000 euros.
La colaboración de la policía española y brasileña permitió desarticular esta red y averiguar que, de forma paralela, habían constituido un complejo entramado societario, con diversas sociedades instrumentales utilizadas como "sociedades pantalla", para facturar los beneficios económicos obtenidos de la explotación sexual de estas mujeres sin levantar sospechas y enviarlos a Brasil, donde contaba con diversas propiedades inmobiliarias.
La autoridad judicial ha acordado el bloqueo de diversas cuentas bancarias de los miembros de la organización y las diferentes sociedades utilizadas por los mismos, el embargo de propiedades inmobiliarias, así como la suspensión temporal de actividades de las sociedades y clubes de alterne, que han quedado por el momento precintados por orden judicial.
El presunto cabecilla de la red de explotación sexual es un ourensano con delitos pendientes en Brasil
