La aprobación del presupuesto de 2015 de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y de la liquidación del ejercicio 2014 permanece bloqueada sin fecha y hace cada vez más evidente la pérdida de apoyos del presidente, José Manuel Fernández Alvariño, tras dos años en el cargo.
En la jornada del lunesestaba previsto que la comisión de economía en la que participan las cuatro patronales provinciales se reuniese para ''ajustar'' partidas de los gastos internos con el fin de devolver cuanto antes las cuentas a la junta directiva para su aprobación. Pero, finalmente, la cita quedó aplazada sine die por supuestos ''problemas de agenda''.
El líder de los empresarios ourensanos y presidente de la comisión, José Manuel Pérez Canal, comunicó el pasado viernes al resto de integrantes que, por problemas de agenda, se veía obligado a aplazar para mañana el encuentro. Según explicaron fuentes de la CEG, esta segunda cita también acabó decayendo por falta de disponibilidad de otros de los miembros, si bien incidieron en que la idea es ''consensuar'' una nueva fecha en los próximos días.
Con esta dilación de una reunión que había sido convocada de urgencia sigue retrasándose la celebración de la asamblea general que la dirección aspiraba a fijar para mediados de julio. En declaraciones a Europa Press, fuentes críticas apuntaban directamente a una maniobra del presidente para postergar la convocatoria del órgano que debe ratificar la contabilidad. ''La situación es ya insostenible. Sabe que no tiene la mayoría para aprobar las cuentas'', recalcaron.
La pasada semana, Alvariño no logró convencer a la junta directiva para sacar adelante la previsión de gastos e ingresos para este año pese a obtener el visto bueno del comité ejecutivo. Conformado por los responsables de las provinciales y de las organizaciones sectoriales, el órgano de gobierno exigió recortes adicionales para dar su aval, un paso preceptivo para poder convocar a la asamblea.
La polémica adjudicación a una compañía de su familia del servicio de coche oficial y la contratación para la sede de la CEG de una póliza con una correduría de su grupo de empresas avivaron el descontento. Tampoco fue bien vista la partida de 70.000 euros consignada para gastos judiciales extraordinarios con el despacho de Garrigues en Vigo, un bufete que, según parece, atiende asuntos profesionales del empresario.
COMPROMISOS. Al margen de estas cuestiones, las tensiones se deben a que Alvariño accedió en 2013 al cargo con la promesa de adelgazar la estructura de la CEG para dar más peso a las provinciales en la gestión de los fondos. Su mandato hace aguas. Además de las patronales de Lugo y Ourense y de parte del empresariado pontevedrés por la convulsa elección de Jorge Cebreiros como presidente en febrero, Alvariño habría perdido ya apoyo entre las organizaciones sectoriales ourensanas. Cabe recordar que el abogado vigués accedió al cargo en julio de 2013 desbancando al coruñés Antonio Fontenla gracias al respaldo de las patronales de Pontevedra, Lugo y Ourense.
Según recogió el lunes Europa Press, los críticos amenazan con convocar una reunión extraordinaria de la asamblea, un paso que podrían dar si logran reunir las firmas de un tercio de los 300 vocales. Sostienen que entre las organizaciones sectoriales, que representan en torno a un 45% de los sufragios, ya es mayoritario el rechazo a la gestión del presidente. Incluso barajan plantear denuncias o que ''entre la Fiscalía'' a investigar las cuentas de la CEG, habida cuenta de que ''todos los servicios externos están contratados con gente vinculada de una forma u otra con la dirección''.
