El Concello de Ribadumia denuncia el robo de dos discos duros y un borrado de datos tras el 24-M

El Concello de Ribadumia ha denunciado en el juzgado el robo de dos discos duros y el borrado de una serie de datos en sus servidores informáticos, hechos por los que solicitan que comparezca en calidad de investigada la exalcaldesa Salomé Peña (PP) y la empresa responsable del mantenimiento informático.

El gobierno municipal, a principios de este año, solicitó una auditoría externa tras detectar de manera "circunstancial" una serie de incidencias en los servidores informáticos que almacenan toda la información relacionada con la gestión administrativa del Concello.

IRREGULARIDADES DEL ANTERIOR GOBIERNO. El resultado de dicha auditoría ha revelado que no se pueden restaurar las copias de seguridad del servidor informático con anterioridad al 12 de junio de 2015 -un día antes de la toma de posesión del nuevo gobierno-, a pesar de que el sistema estaba programado para conservarlas durante 894 días.

Además, han desaparecido los dos discos duros que almacenaban las copias realizadas y que fueron sustituidos el 11 de junio de ese mismo año.

También se ha comprobado la "imposibilidad" de recuperar los datos borrados del servidor al haber sido "sobrescrito" con caracteres hexadecimales aleatorios, según indica la denuncia.

EL ALCALDE PIDE "RESPONSABILIDADES". El Concello, cuyo alcalde David Castro lidera un tripartito compuesto por Independientes de Ribadumia, Somos Ribadumia y el PSOE, ha señalado que dichos servidores están situados en unas dependencias "a las que solo tenían acceso" el personal de mantenimiento informático y los miembros del anterior gobierno municipal.

"Es más que evidente la gravedad de estos hechos, así como los posibles delitos cometidos por las personas que, tanto por su acción directa como por la omisión de su deber de guardia y custodia y buena gestión de los datos, propiciaron que se cometieran", han destacado los miembros del equipo de gobierno tripartito.

Entienden que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de daños contra la administración pública y que se ha podido vulnerar la Ley de Protección de Datos, por lo que solicitan al juzgado que se investiguen estos hechos para aclarar las "posibles responsabilidades" legales y penales que pudiera haber.

Con esta denuncia, han añadido, quieren también "salvaguardar" la posición del propio Concello ante una posible "mala utilización o uso" de los datos que contenían los discos duros sustraídos.

A pesar de ello, el actual equipo de gobierno ha querido aclarar que no está haciendo "ningún tipo de acusación directa contra nadie", sino que tan solo han querido poner los hechos en conocimiento de la justicia si bien indican "los nombres de la persona y de las empresas responsables de la gestión informática en el momento en el que sucedieron los mismos".